Plantean el comiso de bienes de los funcionarios corruptos

El diputado Fernando Oreggioni (PLRA, efrainista), con el respaldo de otros diputados liberales, presentó un proyecto de ley que plantea el comiso de bienes de funcionarios públicos o de cargos electivos sospechados por la Justicia por hechos de corrupción en la administración pública.

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El proyecto de ley plantea la modificación de los artículos 1º y 5º de la Ley N° 5876/17 de Administración de Bienes Incautados y Comisados. Su proyectista, el diputado Oreggioni, mencionó que la ley solo establece el comiso de los bienes de aquellos acusados por narcotráfico y lavado de dinero, pero no así de aquellos funcionarios sindicados por hechos de corrupción en el manejo de la cosa pública.

“En el momento en que el funcionario es sindicado, automáticamente también sus bienes tienen que ser confiscados hasta que termine todo el proceso, a partir de la imputación”, mencionó el legislador liberal, quien consideró necesaria la modificación a la norma que busca un castigo ejemplar a los funcionarios corruptos.

Con la aplicación de la norma, los bienes de los funcionarios acusados serán comisados hasta tanto la condena quede firme o sea absuelto. El proyecto de ley afectará a varios políticos que están imputados por supuesto enriquecimiento ilícito y otros delitos relacionados con hechos de corrupción.

Oreggioni anunció que insistirá para que el proyecto de ley logre la media sanción de la Cámara de Diputados a la vuelta del receso parlamentario, que se reinicia el primero de marzo. Consideró que la norma debe ser revisada por las comisiones de modo a que el proyecto de ley salga de la mejor forma posible.

La propuesta legislativa tiene el acompañamiento de los diputados efrainistas Salustiano Salinas, Jorge Ávalos Mariño, Carlos Portillo, Antonio Buzarquis y Eusebio Alvarenga.

Caso Cárdenas

El político colorado Justo Cárdenas, expresidente del Indert, está procesado y guarda reclusión en Tacumbú por supuesto enriquecimiento ilícito en la función pública y lavado de dinero.

La imputación de la fiscala Natalia Fúster habla de que hay unos G. 2.600 millones sin justificar y una bonanza económica que no condice con sus ingresos.

Los hijos de Cárdenas María Alexandra y Alan Cárdenas lograron medidas alternativas bajo fianza de G. 300 millones. Como regla de conducta tienen prohibido salir del país y cambiar de domicilio.

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