En la exposición de motivos del proyecto de ley, el proyectista menciona que los requisitos, las condiciones y las restricciones para acceder al Programa de Retiro Voluntario se hallan previstos en el artículo 43 de la Ley Nº 5554 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2016, vigente en el presente ejercicio. Sin embargo, no adjunta el listado de quienes se acogerían al beneficio.
En la Cámara sorprendió la presentación del proyecto debido a que dichos trámites administrativos acostumbran realizarse institucionalmente. Los cálculos de cuánto corresponderá a cada funcionario que solicita la indemnización es realizada por las Direcciones de Administración y Recursos Humanos que se encargan de hacer los cálculos con base en las vacaciones, salario, bonificaciones y antigüedad de cada servidor público.
Otro detalle que se habría obviado es que la administración del órgano legislativo es la que en teoría debería realizar una evaluación previa si es innecesario o prescindible el cargo que dejará el funcionario.
Según fuentes del cartismo, el diputado pretendería que 12 funcionarios accedan al programa. Sin embargo, se desconoce de cuántos empleados públicos se tratarían.
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El proyecto tuvo entrada oficial el miércoles pasado, en la sesión ordinaria de la Cámara Baja y fue girado a las comisiones de Presupuesto y Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria. Sus miembros deberán emitir dictamen sobre la norma.
Solo para selectos
El Programa de Retiro Voluntario que se ampara en la Ley 1626/00 de la Función Pública es sumamente cuestionado porque se beneficia a un selecto grupo de funcionarios con millonarios pagos, que a la par de dejar sus cargos y retirarse con un importante colchón económico, se acogen a la jubilación para cobrar mensualmente sus haberes.
El Programa de Retiro Voluntario que implementa la Administración Pública menciona claramente que el retiro voluntario es para casos de necesidad de la institución cuando el funcionario está lejos de acogerse a la jubilación obligatoria. Sin embargo, varios se retiran a cinco años de jubilarse.
Una millonaria indemnización
El exsecretario administrativo del Senado Juan Vera Godoy este año recibirá la suma de G. 1.074 millones de indemnización por pago de retiro voluntario. El exfuncionario tenía una antigüedad de 35 años y con 58 años reclamó el cobro. A Vera le faltaban cinco años para acogerse a la jubilación ordinaria y ocho para la jubilación obligatoria.
Juan Darío Garcete, exsecretario del Senado, a falta de un año para ser beneficiado con la jubilación obligatoria pidió acogerse al programa. Con la venia de los senadores se retiró con G. 1.250 millones.