La intención de los proyectistas es evitar que los empleados estatales nombrados o contratados sean utilizados como operadores políticos dentro de las instituciones. La norma para ser aplicada en las próximas elecciones debe estar promulgada antes del 21 de agosto.
Sostienen que el objetivo es lograr un incremento en la participación electoral, y evitar que sean coaccionados a cometer hechos ajenos a los fines de la instituciones estatales.
El proyecto de ley menciona que los funcionarios públicos conservarán su antigüedad en los registros de afiliados, sin perjuicio de ser candidatos para cargos electivos y que aquellos funcionarios públicos que estén afiliados a una agrupación política recuperarán automáticamente y de pleno derecho su condición de afiliados, una vez que hayan cesado en sus funciones.
La norma plantea sanciones en caso de incumplimiento de la ley. Señala que los funcionarios que realizaren actividades político-partidarias en sedes institucionales serán sancionados con el sumario administrativo y su eventual desvinculación de la administración pública, en caso de que hayan sido hallados culpables, sin perjuicio de ser pasibles de las penalidades previstas en otras leyes.
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También prevén que los funcionarios que dentro de las instituciones públicas promuevan o creen organizaciones partidarias, representantes de partidos políticos o movimientos, utilizando establecimientos estatales, serán pasibles de sumario administrativo y su desvinculación de la institución.
Los diputados mencionan que en época electoral los funcionarios son arreados y obligados a asistir a actos proselitistas. Existen más de 300.000 funcionarios públicos, según datos del 2016 de la Función Pública.