El proyecto de la diputada González dispone que los pedidos de desafuero de un legislador hechos por juez competente pasen directamente a la plenaria para su votación sin más trámite, la que por mayoría de dos tercios decidirá la suspensión o no de los fueros.

Agrega que en los casos de hechos punibles que establezcan penas privativas de libertad y penados en el Código Penal y leyes especiales que no guarden relación con la opinión que emitan en el desempeño de sus funciones, los funcionarios públicos beneficiados con las inmunidades regirán en su procesamiento e investigación las reglas previstas en el Código Penal.

El objetivo de esta reglamentación de los fueros, según señala en sus fundamentos, es que las inmunidades establecidas en el artículo 191 de la Constitución no puedan ser utilizadas como blindaje para eludir el sometimiento a un proceso o investigación judicial.

Indica, además, que los fueros o inmunidades son institucionales, no personales, por lo cual es un privilegio concedido a la institución y no al individuo en razón de su persona, sino en tanto miembro de la misma.

Blindaje

Uno de los ejemplos más flagrantes de blindaje e impunidad se da con el imputado legislador de Paraguarí Tomás Rivas (ANR, cartista). En la sesión ordinaria del pasado jueves no se logró tratar su pedido de desafuero porque aún no llegó la notificación de la Justicia. Rivas tiene que ser investigado por sus “caseros de oro”, a quienes hizo figurar como funcionarios de la Cámara de Diputados.

El diputado está imputado por cuatro delitos, entre ellos, cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.

El blindaje a Rivas está vinculado a la investigación a Miguel Cuevas, presidente de la Cámara de Diputados, por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito, cuyo caso está siendo cajoneado y trabado en la Fiscalía. Existen otros varios diputados y senadores en igual situación.

Rivas, igual a José M. Ibáñez

El caso del diputado colorado cartista Éver Rivas (imputado) es un calco del de su excolega José María Ibáñez (ANR, Añetete). Utilizó el mismo mecanismo de hacer figurar a sus tres caseros como funcionarios de la Cámara Baja. En el caso de Ibáñez, si bien inicialmente fue salvado por sus colegas archivándose su pedido de pérdida de investidura, la presión ciudadana, luego de varios días de escrache, forzó a que el mismo renunciara al cargo. Ya en ese entonces se salvó Tomás Rivas porque había apelado su desafuero.