Policía busca “enfriar” la pesquisa contra comisarios del caso #31M

La estrategia de la Policía consistiría en “sacar del ruido” a todos los sospechosos de haber autorizado el asalto al local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en los primeros minutos del 1 de abril de 2017, luego de la crisis política que se generó en todo el centro de Asunción por el intento de violación de la Constitución Nacional para introducir la figura de la reelección presidencial que iba a beneficiar a Horacio Cartes.

Aquellos sucesos son conocidos, principalmente en las redes sociales, como el #31M, que a su vez es la abreviación del 31 de marzo, fecha en que se desataron los peores incidentes.

Hasta ahora, el único imputado por la muerte del dirigente Rodrigo Quintana Arrúa, quien tenía 26 años de edad, es el suboficial ayudante de la Policía Gustavo Adolfo Florentín Silva, en ese entonces de 23 años.

Florentín fue el que supuestamente disparó la escopeta calibre 12 que estaba cargada con cartuchos con balines de plomo y no con balines de goma, como debería haber sido. 

Sin embargo, la institución policial sigue encubriendo al oficial superior que ordenó al grupo de Florentín que entrara al PLRA, cuyo edificio se halla situado en la calle Iturbe, entre Manuel Domínguez y República de Colombia, en el centro de Asunción.

Cargos apetecibles

Todos los comisarios responsables de los operativos del #31M ya fueron retirados del centro de atención, es decir, de los cargos en los que tenían cierta exposición mediática.

Los últimos, por ejemplo, fueron el comisario general inspector Enrique Darío Isasi Galeano y el comisario principal Amado Valentín Cantero Godoy.

El primero, en esa época, era el director de Apoyo Táctico de la Policía. Incluso había sido llamado a declarar ante la Fiscalía ya que está sospechado de haber repartido las municiones letales que se usaron en el ataque a los azules.

El otro era el jefe de la comisaría 3ª Metropolitana y acompañó al grupo que cometió el asesinato hasta pocos metros antes de llegar al PLRA. Muchos creen que fue quien autorizó la entrada ilegal al principal partido de oposición.

Enrique Isasi, desde ayer, ya ejerce formalmente la función de flamante director de Policía de Alto Paraná. 

Amado Cantero, en tanto, es el nuevo jefe de Prevención y Seguridad del mismo departamento, es decir, el segundo de Isasi.

Isasi y Cantero ocupan algunos de los cargos más apetecibles del país para cualquier policía.

Lo llamativo, en el caso de Isasi, es la especie de fijación que tiene el comandante Luis Rojas, ya que siempre lo protegió pese a sus oscuros antecedentes.

Por ejemplo, el propio Rojas había cambiado a Isasi de la dirección de Apoyo Táctico luego de que trascendieran informes de que daba peligrosos privilegios en la Agrupación Especializada al capo Jarvis Chimenes Pavão, pero luego lo nombró en San Pedro, como si nada.

También con perfil bajo

Otros dos jefes policiales investigados por el #31M son el comisario general inspector Prudencio Burgos Roa y el comisario principal Tomás Paredes Palma, que también desaparecieron del ruido.

Burgos fue nombrado director general de Inteligencia, pero su cargo casi no tiene incidencia en la seguridad interna del país. Eso sí, por lo menos le aseguró mantenerse con perfil bajo.

Paredes Palma, por su lado, está imputado por inducción a un subordinado a cometer hecho punible, pero se encuentra sin cargo y reposando en su casa.