Esa justicia que el imputado González Daher por años manejó y doblegó a su antojo, desde el Parlamento primero y después desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), hoy le da la espalda al rechazar uno tras otro sus incidentes.

Por esa razón, el exsenador colorado cartista sigue preso en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional desde el 24 de setiembre pasado, junto a su hijo, el concejal cartista con permiso por tiempo indefinido de Luque González Chaves, ambos procesados por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

Tras las rejas, el exsenador ve cómo sus abogados intentan inútilmente primero mutilar la imputación para dejarlos libres, luego tratan de levantar los embargos sobre sus bienes, pero tampoco la maniobra prospera.

Entonces, el plan “B” que tan bien lo aplicó desde el JEM González Daher comienza a ser puesto en marcha y que es el de atemorizar a fiscales, recusarlos y apartarlos de los procesos, para buscar jueces o fiscales “amigos”.

La abogada Sara Parquet es la que toma la responsabilidad. Primero recusa a los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz para tratar de frenar las pesquisas, pero eso no se dio debido a que la Fiscalía General del Estado rápidamente nombró a fiscales interinos (Josefina Aghemo y Marcelo Pecci), lo que permitió que las diligencias no paren.

La defensora alega que el fiscal Fernández tiene “odio” hacía su persona y por eso lo quiere apartar, pero el agente del Ministerio Público rechazó ese argumento y explicó que solo hicieron su trabajo, con su equipo colectaron las evidencias y presentaron la imputación.

Distracción 

La defensa del clan González Daher quiere distraer la atención de las pesquisas alegando que los fiscales filtran la información de cómo se está dando la investigación, pero en realidad lo que se quiere es que no se siga martillando sobre el fondo de la cuestión, que apunta a que supuestamente la empresa Príncipe Di Savoia era utilizada para el lavado de dinero proveniente del enriquecimiento ilícito.

Los abogados de los procesados insisten en mutilar la imputación y tratan de distraer por ejemplo que la firma investigada fue creada en el año 2009, con un capital de G. 500.000.000, que fue luego a 5.000.000.000 y como accionistas se señala a Ada Rosalina Barrios, el funcionario del Senado Pedro Martínez y el exjuez Juvencio Torres.

Sin embargo, el presidente de la empresa es el concejal con permiso de Luque González Chaves, y uno de los directores, su padre, Óscar González Daher. Mientras la justicia se distrae en resolver los incidentes que van siendo planteados uno tras otro, se está tratando de ganar tiempo para que las investigaciones de la fiscalía no avancen rápidamente.

En el caso de las recusaciones contra los fiscales Fernández y Alcaraz, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, los confirmó en el caso, pero la decisión final la tiene la Corte Suprema de Justicia, que debe dar la última palabra, pero hasta el momento no se manifestaron al respecto, por lo que siguen al frente de las investigaciones los fiscales interinos.