El veto del Poder Ejecutivo se volverá a tratar la próxima semana y, en ese ínterin, los diputados oficialistas hablarán con los asesores del Ejecutivo para ver una salida a la situación.
El diputado Bernardo Villalba, de la bancada “B” colorada y presidente de la Comisión de Legislación, apuntó que, en la fundamentación del veto, el Ejecutivo habla de que el proyecto de ley que plantea un régimen especial para vender las propiedades a los ocupantes irregulares, viola el artículo 109 de la Constitución.
Sin embargo, dicho artículo se refiere específicamente a las garantías y la inviolabilidad de la propiedad privada.
Villalba destacó que las fincas ocupadas pertenecen al Estado, dado que fueron expropiadas por ley en 1995 y, por tanto, no son privadas, sino de propiedad pública.
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El legislador señaló además que si el veto es aceptado continuará la situación actual, en la que ocupantes irregulares explotan las tierras sin ser propietarios y sin pagar ningún impuesto ni cuota al Estado.
Las tierras de Antebi Cue, con una extensión de 224.000 hectáreas, fueron expropiadas en 1995 a un costo de US$ 45 millones, que el Estado sigue pagando hasta ahora.
Pese a que estaba destinado a personas sujetas a la reforma agraria, solamente se instalaron unas pocas colonias a cargo del Indert y gran parte de la propiedad está ocupada por personas que se dedican a diversas actividades.
El proyecto del Congreso plantea una suerte de “blanqueo” de la situación para que el Estado al menos reciba algo de dinero.
