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La propuesta figuraba para su estudio nuevamente ayer en la comisión de Industria y Comercio, que es presidida por el liberal Óscar González Drakeford. Sin embargo, el fuerte clima político que se instaló por el caso del pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este hizo que ni siquiera se reunieran.
La audiencia pública será organizada por la comisión de Legislación, que preside el colorado Bernardo Villalba, pero aún no se estableció una fecha. La comisión de Industria planteó modificaciones de forma al proyecto, manteniendo algunas disposiciones cuestionadas por sectores empresariales, que serán los principales afectados.
Puntos discutidos
Entre los puntos discutidos, el proyecto dispone que las empresas sujetas a la ley, que son las de telefonía, supermercados, comercios, entidades bancarias, financieras y empresas de medicina prepaga, tendrán un plazo de 90 días para adecuar su infraestructura edilicia y tecnológica para atención al cliente. Originalmente, el plazo era de 30 días. El proyecto igualmente prohíbe el empleo de contestadores automáticos o similares como medio exclusivo de atención al cliente.
Establece también un plazo de 15 minutos, como máximo de espera para la atención de los usuarios que acudan al local de la empresa y de dos minutos como plazo de atención para las llamadas telefónicas. La normativa exige a las empresas contratar una auditoría anual para comprobar la fiabilidad y precisión de las mediciones publicadas o reportadas a lo largo del año.