Preocupa aumento de violencia en los procedimientos policiales

De la reunión con el defensor del Pueblo participaron representantes de organizaciones de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), de la Mesa de Memoria Histórica y de Amnistía Internacional. El titular de Codehupy, Óscar Ayala Amarilla, expuso al defensor el informe de DD.HH. 2016, que tuvo entre sus temas desalojos forzosos y situación de defensores de DD.HH.

Ayala expresó su preocupación por el aumento de la violencia en los procedimientos policiales y el hostigamiento contra personas y organizaciones que defienden los derechos humanos.

El defensor del Pueblo se comprometió a ser un “defensor de la calle”. Informó también de las actividades que viene realizando desde que asumió el cargo en noviembre de 2016. Entre ellas citó la depuración de planilleros y asistencia a familias de la comunidad campesina Guahory.

Agregó que están trabajando en un estudio estadístico de desalojos y que sistematizarán la jurisprudencia para impulsar sumarios contra fiscales que ordenan desalojos, una atribución exclusiva de los juzgados, las más de las veces haciendo arreglos irregulares con propietarios de tierras. Admitió que en algunos casos los inmuebles poseen títulos de dudosa legalidad.

Julia Cabello, de Tierra Viva, abundó en que esos procedimientos de desahucio intentan ser legitimados por resoluciones o protocolos que, además de ser de menor rango, son contrarios a la Constitución y las leyes. Recalcó que los desalojos solo pueden ser ejecutados tras un juicio ordinario del fuero civil y debe ser controvertido, es decir, las personas que podrían ser desalojadas deben participar con derecho a la defensa y debe esclarecerse la situación legal del inmueble.

Antonio Pecci, de Memoria Histórica, dijo que es necesario mejorar la imagen institucional tras el descrédito en que quedó durante la gestión de Manuel María Páez Monges (2001-2016), entre ellos hechos de corrupción. Comentó que existen 14.000 expedientes varados de víctimas de la dictadura y recomendó al Estado cumplir con las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia. Entre ellas, reparar a todas las personas que hayan resultado víctimas de la dictadura.