El fiscal electoral del PLRA Pedro Candia se encargó de elaborar la nota mediante la cual solicita que sea expulsado del partido el exsenador Dionisio Amarilla, tras perder su investidura en la sesión del pasado 6 de junio, por uso indebido de influencias.
En el documento, que será entregado hoy entre las 9:30 y las 10:00, el fiscal electoral hace énfasis en las publicaciones realizadas por este diario en la que se observan al exlegislador intermediar a favor de su amigo, Óscar Chamorro Lafarja, dueño de la empresa de seguridad SST, involucrada en una cuestionada licitación.
Candia resalta que Amarilla tuvo participación en el “intento de soborno” al periodista Juan Carlos Lezcano, quien recibió un sobre con 40 millones de guaraníes, para “desinflar” las publicaciones sobre la empresa en cuestión.
“Su función principal, por la cual fue electo era la de legislar en beneficio del pueblo paraguayo y no participar de mediador en componendas ilegítimas para beneficiar a particulares privados”, señaló en una parte del escrito.
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Agrega que, gracias a la evidencia y las publicaciones, se constata que Amarilla incurrió a faltas de primer, segundo y tercer grados, especificadas en el Estatuto Partidario, como la violación a la Constitución Nacional, contradecir los principios partidarios, inobservancia de las resoluciones de la convención y de las autoridades partidarias.
“En consecuencia y existiendo concurso de faltas en la conducta del exsenador Dionisio Amarilla Guirland, es criterio de esta fiscalía que se le debe aplicar la sanción más grave, prevista en el inciso A, numeral 1, del artículo 97, la cual es la expulsión del PLRA”, resalta.
Este documento, deberá ser puesto a consideración de los miembros del Directorio liberal, quienes deberán definir si convocan a los convencionales, quienes tendrán la última palabra.
En febrero del 2017, los convencionales votaron por expulsar del PLRA a los senadores que apoyaron la ilegal enmienda pro reelección presidencial a favor de Horacio Cartes y del senador Fernando Lugo. Sin embargo, los siete cuestionados, presentaron una acción de inconstitucionalidad y la Corte suspendió la decisión.