El informe, cuyo principal impulsor fue el diputado liberal Juan Bartolomé Ramírez, destaca especialmente el secretismo con que se manejó la investigación del hecho. Asimismo, menciona las enormes dificultades que tuvieron en la pesquisa debido a la negativa de las instituciones oficiales, como la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Asimismo, señala que existen dudas de que todas las empresas involucradas hayan sido investigadas y la falta de coordinación entre la SET y el Ministerio Público para ejercer un control cruzado.

Apunta el informe, entre sus conclusiones, que el castigo al delito de evasión parece ser “letra muerta” en nuestro país.

Manifiesta finalmente, la posibilidad de impulsar la citación e interpelación.