Presionan desde el Jurado y fiscalía “enfría” investigación a Enrique García

La investigación al exasesor jurídico de la comuna de Asunción y actual contralor, Enrique García, por presunta actuación negligente en el caso Ivesur que busca cobrar US$ 3,6 millones a la Municipalidad, se paralizó en el Ministerio Público. Se habla de fuertes presiones desde el Jurado de Enjuiciamiento y suenan los nombres de los miembros Adolfo Ferreiro y Óscar González Daher.

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La investigación penal que en un comienzo la fiscala Nadine Portillo impulsó con fuerza, ahora quedó cajoneada en la Unidad de Delitos Económicos. La paralización del caso sería a causa de las fuertes presiones ejercidas por algunos miembros del Jurado de Enjuiciamiento, que operan a favor de Enrique García.

Según fuentes, los senadores Adolfo Ferreiro y Óscar González Daher estarían teniendo una fuerte injerencia en el proceso. Los miembros del órgano juzgador estarían maniobrando para que la denuncia sea desestimada por la fiscala Portillo.

Ferreiro y García son del mismo equipo político. De hecho cuando Mario Ferreiro (hermano de Adolfo) asumió como intendente de Asunción, García fue designado director jurídico de la Municipalidad, un cargo muy importante que se vio obligado a dejar cuando fue designado contralor.

García es investigado por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza por omisión. Es decir, se sospecha que por la conducta negligente del abogado la Comuna será despojada de US$ 3,6 millones reclamada por la firma Ivesur.

La empresa había demandado a la Municipalidad de Asunción, y un tribunal arbitral –con el voto de dos integrantes– falló a su favor.

Llamativamente, García como asesor jurídico de la Comuna no apeló la sentencia arbitral. Esto quedó comprobado con resoluciones del Poder Judicial.

Las cámaras de Apelación en lo Civil, Primera y Quinta Salas, ratificaron que la asesoría jurídica de la Municipalidad no presentó la apelación del fallo condenatorio.

Para intentar justificar que sí se apeló la sentencia, incluso se falsificaron firmas de funcionarios del Tribunal de Apelación de la Primera Sala. Esto quedó confirmado con una pericia ordenada por la fiscala Portillo.

Prosiguiendo con las diligencias, la agente del Ministerio Público incluso se constituyó en la Municipalidad de Asunción y extrajo una copia del disco duro de la computadora que usaba García. El objetivo de esta diligencia es corroborar cuándo se preparó la apelación del fallo arbitral.

Sin embargo, pese a que esta diligencia es clave, el resultado de la pericia se dilata. La excusa es que el Ministerio Público no tiene profesionales suficientes para hacer ese trabajo, ya que existen cientos de otros pedidos similares.

Empero, la realidad sería que la presión ejercida desde el Jurado de Enjuiciamiento estaría teniendo su efecto: el congelamiento del caso. No hay otra explicación.

La Fiscalía General del Estado, que siempre se jacta del equipamiento de su Laboratorio Forense, ahora alega que no hay profesionales para realizar la pericia de la copia del disco duro de la computadora de García.

Se espera que el titular del Ministerio Público, Javier Díaz Verón, y el adjunto de la Unidad de Delitos Económicos, Federico Espinoza, adopten las medidas para despejar las sospechas sobre la actuación de la Fiscalía.

El Ministerio Público representa a la ciudadanía y como tal debe defender sus intereses y no los de los que atentan contra sus bienes.

ANTECEDENTES

Un tribunal arbitral conformado por Manuel Riera, Édgar Rifler y Raúl Sapena (votó en disidencia) falló a favor de la empresa Ivesur. La firma había requerido a la Municipalidad de Asunción un resarcimiento económico de US$ 12 millones que quedó en unos US$ 3.600.000, más costas y honorarios.

El intendente Mario Ferreiro aseguró que la sentencia sería apelada. Sin embargo, el entonces asesor jurídico de la Municipalidad, Enrique García, no presentó el escrito ante la justicia y el jefe comunal ni siquiera dispuso la apertura de un sumario, ya que esto podría complicar más la situación de García. Ferreiro presentó una denuncia penal, en donde se busca responsabilizar a un ordenanza de la Asesoría Jurídica de nombre Rodolfo Duarte.

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