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Prestamistas de Justicia Electoral también facturan con negocio de electrodomésticos

Este artículo tiene 10 años de antigüedad
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El grupo de funcionarios administrativos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que opera una financiera en el organismo electoral, también lucra con la venta de electrodomésticos en la institución. En el negocio se suma una funcionaria de RR.HH., que figura como síndico en la sociedad comercial registrada con el nombre de Feras SA.

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Narciso Ramírez y Cynthia Álvarez, funcionarios administrativos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que operan una financiera en su lugar de trabajo, también facturan con la venta de electrodomésticos en el organismo electoral.

Los administrativos son socios de la financiera Ideas Empresariales y tienen como socio a Rafael B. Benítez Acuña, exmarido de Carmen Escobar, codirectora del Registro Civil.

Ramírez y Álvarez además aparecen como accionistas de Feras SA, una casa de electrodomésticos que también factura en la Justicia Electoral a través del “Círculo de Funcionarios Administrativos, Cifunaje”.

En la claque administrativa aparece una nueva integrante de nombre Karen Alexandra Boh, funcionaria afectada a Recursos Humanos del TSJE. La mujer figura como “síndico”, según los registros comerciales.

Luis A. Lezcano, compañero de trabajo cercano de Ramírez y presidente de Cifunaje confirmó que Feras SA factura en la Justicia Electoral.

Cabe recordar que ambos negocios operan en el predio electoral usando los recursos del TSJE. Es decir se valen del presupuesto estatal.

La Justicia Electoral costea la oficina, los equipos informáticos, mobiliarios, fotocopiadoras, etc. Incluso funcionarios con sueldo en el TSJE prestan servicio en la oficina de créditos en horario laboral, perciben jugosos ingresos que incluyen hasta horas extras y viáticos.

Los funcionarios además tienen clientes en la Contraloría General de la República (CGR), institución encargada de velar por el buen uso del patrimonio público. Paradójicamente funcionarios de la entidad contralora también lucran a través del negocio de sus pares del TSJE, que operan en el comercio de préstamos usando recursos del Estado.

En este momento la Contraloría se encuentra “investigando” la ejecución de una licitación de pasajes aéreos en la Justicia Electoral por G. 2.000 millones.

Édgar Cáceres, presidente de la Asociación de funcionarios de la CGR, confirmó que cobran una “bonificación del 2,5%”, sobre las cuotas cobradas de los créditos de la financiera.

Por su parte, Ramírez había dicho que su financiera tiene relaciones comerciales “con varias asociaciones hasta colegios”. En marzo pasado, Ideas tenía G. 734 millones de dinero prestado a funcionarios de la Contraloría.

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