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Presupuesto que regirá el próximo año asciende a más de US$ 11.784 millones

Este artículo tiene 9 años de antigüedad

A partir del 1 de enero entrará de nuevo en vigencia la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) del año 2016, luego de que la Cámara de Diputados aceptara el veto total que el Poder Ejecutivo aplicó al presupuesto 2017 sancionado por el Congreso.

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El presupuesto vigente, que se repetirá en el próximo año asciende a más de G. 67,6 billones (US$ 11.784 millones), equivale al 40% del producto interno bruto (PIB) y es 0,3% superior al presupuesto 2017 que fue objetado totalmente por el Ejecutivo.

El plan de gasto autoriza a emitir bonos del tesoro en el mercado local o en el mercado internacional por valor de hasta US$ 600 millones, lo que le permitirá al Ministerio de Hacienda “bicicletear” la deuda pública que vence en el transcurso del ejercicio.

El Ejecutivo había solicitado para 2017 emitir US$ 558 millones, pero la Cámara de Senadores la redujo a US$ 350 millones, y con esto los vencimientos de la deuda se podían pagar solo hasta el mes de mayo y desde junio se corría el riesgo de entrar en default (cesación de pago), según la advertencia de la cartera fiscal.

Los senadores habían tomado esta decisión de recortar los bonos como medida para frenar el acelerado ritmo de endeudamiento que tiene el país con el gobierno de Horacio Cartes.

Los legisladores insisten en que, de todos modos, el Ejecutivo deberá de nuevo solicitar autorización para emitir los bonos, pero desde Hacienda se afirma que, como la ley PGN 2016 entra en vigencia plena, ya no hace falta requerir la venia del Legislativo.

El presupuesto vigente tampoco establece un tope al endeudamiento vía ley “llave en mano” ni un límite a la política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP).

Además, no prevé aumento salarial para ningún sector público ni el reajuste del sueldo mínimo de 7,7% como lo tienen desde este mes los trabajadores del sector privado. Desde Hacienda, sin embargo, ya adelantaron que solicitarán una ampliación presupuestaria en marzo para incluir este reajuste.

En contrapartida, se mantiene el pago de hasta dos aguinaldos extra o gratificación para los funcionarios de instituciones que tienen crédito presupuestario para el efecto, un beneficio muy cuestionado por la ciudadanía y que llevó, incluso, a que el Ejecutivo prometa que ya no lo iba a pagar aun cuando se tenga asignado por ley.

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