CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). La denuncia fue presentada en la Fiscalía Adjunta de Ciudad del Este por Prieto, con la idea de que sea enviada a Asunción por la falta de confianza en los agentes de la zona. Los antecedentes refieren que la imputada McLeod (cartista), destituida en febrero pasado, había enviado el mensaje N° 452/2013 a la Junta Municipal para solicitar la aprobación de una ordenanza. Los concejales aprobaron la ordenanza N° 17/2013, por la cual crearon la “tasa por los servicios de prevención contra incendios, derrumbes y otros accidentes graves”.
De esa forma, McLeod inventó una tasa con una ordenanza, en violación de la Constitución, que establece que los tributos solo pueden ser creados por ley.
McLeod recargaba la tasa ilegal en la liquidación del impuesto inmobiliario para cobrar a los contribuyentes.
La denuncia se basa en el informe final de la intervención de Carolina Llanes, quien descubrió que se recaudaron G. 4.578 millones con la tasa entre enero y noviembre de 2018.
Para tratar de justificar el cobro irregular de la tasa, McLeod transfería una ínfima parte de los ingresos a los bomberos: solo el 6% del monto recaudado en 2018.
La denuncia involucra a los exconcejales colorados Nery Jara, Aida Molinas, Isaías Álvarez, Gustavo Ruiz, Celso Morel (fallecido), Alberto Rodríguez, Lilian González, Juan Ángel Núñez y Perla Rodríguez. Estos tres últimos siguen en su banca, además de los liberales Nelson Maidana, Guadalupe Bernal y Atilio Alegre. Prieto, que asumió en mayo último, instó a la ciudadanía a hacer seguimiento a las denuncias contra el clan Zacarías, para evitar la impunidad.
Piden por un “fiscal patriota”
“Esperamos que Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado, nombre a un fiscal patriota. Estamos expectantes de eso, porque con esta denuncia necesariamente se tiene que decretar la prisión preventiva mientras dure el proceso”, afirmó ayer Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, tras presentar la denuncia contra la imputada Sandra McLeod, concejales y exconcejales. Prieto pidió que el caso sea derivado a Asunción. McLeod y los concejales se expondrían a 10 años de cárcel por el presunto cobro ilegal de impuestos, según la denuncia.