Privatización de gestión de impuestos viola la Constitución, según reconocidos juristas

En abril del 2003, los entonces concejales municipales de Asunción Nicolás Chase, Aristides Morales, Artemio Benítez, José A. Galeano, Ana María Ferreira y Luis Alberto Boh solicitaron al Instituto de Derecho Público la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, un dictamen sobre una propuesta de cesión a terceros de la Gestión de Recaudación Tributaria. Se referían a un llamado a licitación pública para la “Contratación de un Servicio Integral a riesgo de Gestión Tributaria para la Municipalidad de Asunción”.

El título del llamado es similar al que ahora está llevando adelante la comuna capitalina, a cargo de Mario Ferreiro. La administración pretende contratar una empresa internacional que provea de herramientas informáticas, que ayudará a mejorar la recaudación. La contratista deberá ofrecer un adelanto financiero de entre 10 y 50 millones de dólares que posteriormente se le devolverá con intereses; además se quedará con un porcentaje de hasta el 35% del aumento logrado en el cobro de impuestos. El contrato regirá por 10 años.

Cuando Riera analizó realizar una concesión similar, recibió un dictamen en contra del Instituto de Derecho Público. Los profesionales Luis Fernando Sosa Centurión, Carlos Mersán (+), Marco Antonio Elizeche (+) y Juan Bautista Rivarola Paoli (+), todos ellos conocidos juristas, coincidieron en manifestar que la licitación violaba varias leyes e inclusive artículos de la Constitución Nacional. “Es opinión unánime de todos los miembros del Instituto de Derecho Público que la delegación, privatización o transferencia a entidades privadas de la gestión y función recaudadora que es competencia exclusiva y excluyente del órgano municipal, con la modalidad del llamado “Servicio integral de riesgo de gestión tributaria para la Municipalidad de Asunción”, resulta incuestionablemente inviable, en tanto su puesta en ejecución conllevaría la conculcación de claras y contundentes disposiciones constitucionales y legales, así como de principios y basamentos doctrinarios universales reconocidos en el campo del Derecho Público”, señala el dictamen que posteriormente fue remitido a la Municipalidad de Asunción por el entonces decano de la Facultad de Derecho, Prof. Dr. Carlos Fernández Gadea.