Pasaportes diplomáticos fueron entregados sin miramientos a amigos, socios comerciales y personas que nada tenían que ver con la diplomacia paraguaya en los últimos cinco años.
Así lo revelan documentos oficiales a los que tuvo acceso ABC Color a través de una solicitud de acceso a la información pública.
La lista incluye además a personas que están incluidas en algunas de las investigaciones más importantes de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que afectaron a importantes políticos.
La escribana de los despojos
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En agosto de 2013, mientras el gobierno de Federico Franco terminaba y se iniciaba la administración de Horacio Cartes, la Cancillería paraguaya entregó un total de 58 pasaportes diplomáticos y oficiales.
En medio de embajadores y altos funcionarios del gobierno aparecía el nombre de una escribana, el de Nélida Josefa Chaves de González, esposa del entonces presidente y senador, hoy día imputado, Óscar González Daher.
A Chaves de González le entregaron el pasaporte diplomático número 12.175.
La escribana fue denunciada en numerosas ocasiones por sus vínculos con casos de despojos de millonarias propiedades en los últimos años.
Su nombre aparece en una investigación que lleva adelante el Ministerio Público por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En esa causa ya fueron imputados su esposo, el exsenador cartista, y su hijo, el concejal luqueño Óscar González Chaves.
Según documentos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) el clan González Daher movió alrededor de G. 8 billones en los últimos cinco años a través de una inmobiliaria llamada Príncipe Di Savoia SA.
La familia tiene también inversiones y bonos en el extranjero. Un documento legal de viaje que permitía entrar y salir del país casi sin control sería muy útil para realizar las gestiones que pudieran ser necesarias.
Millonarios sin trabajar
Yerutí y Alejandro Javier Díaz Morínigo no solo se convirtieron en prósperos inversionistas sin haber trabajado nunca, sino que también podían entrar y salir del país prácticamente sin control gracias a que recibieron pasaportes diplomáticos por intermedio de su padre: el ex fiscal general Javier Díaz Verón, hoy día preso.
De acuerdo a los documentos oficiales, ambos recibieron el documento legal de viaje del más alto nivel el 10 de abril de 2015.
Yerutí Díaz Morínigo recibió el pasaporte 13.386 y su hermano mayor, Alejandro, el número 13.387.
Ese mismo día también recibieron sus documentos diplomáticos otros dos hijos del ex fiscal general: Manuel De Jesús y una niña menor de edad.
La esposa del ex fiscal general, María Selva Morínigo Vargas, recibió su propio pasaporte diplomático cinco meses después, el 21 de setiembre de 2015, cuando le entregaron el documento 13.570.
Díaz Verón recibió su pasaporte diplomático, el número 12.447 el 18 de noviembre de 2013.
Según el decreto que reglamenta la entrega de los pasaportes diplomáticos y oficiales, pueden recibir estos documentos solo los hijos menores de 18 años o los menores de 25 que dependan económicamente de sus padres, y que estos sean autoridades.
Alejandro y Yerutí aparecen como accionistas de una empresa fundada con un capital de G. 1.500 millones, por lo que el argumento de la dependencia económica ya no les podría haber servido.
Tampoco se podría usar el argumento de que están estudiando en el extranjero, aunque el exsenador y excanciller Miguel Abdón Saguier tiró por el suelo ayer la versión de que el pasaporte diplomático se puede entregar con esa excusa.
Buen año para la flia.
El 2015 fue un gran año para la familia Díaz Morínigo. No solo recibieron todos sus pasaportes diplomáticos, sino que también aparecieron varias empresas ligadas a su familia.
Ese año, Alejandro Javier y Yerutí consignaron aporte en efectivo de G. 500 millones cada uno en Canto Rodado SA, firma que integraron con la madre, María Selva Morínigo. La esposa de Díaz Verón figura con un aporte en efectivo de G. 1.500 millones.
Javier Díaz Verón y María Selva Morínigo fueron imputados por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en agosto pasado. Según la fiscalía el matrimonio no puede justificar unos G. 6.000 millones como ingresos obtenidos de forma lícita.
La familia del ex fiscal general aparece vinculada a tres firmas de fachada: Canto Rodado SA, Salty River SA y Aguacero SA. Además son propietarios de varios establecimientos ganaderos.
Con el pasaporte diplomático tenían abierto un mundo de posibilidades. Desde viajes sin controles hasta alternativas de negocios en el extranjero.
juan.lezcano@abc.com.py