/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/7DBYDCZG6RC43FNH5YFC7NJHPU.jpg)
Cargando...
El 24 octubre de 2013, los fiscales René Fernández, Liliana Alcaraz, Claudia Criscioni (ahora jueza) y José dos Santos (renunció al cargo) imputaron a Gabriela Quintana y Víctor Bogado. La primera como autora de cobro indebido de honorarios y coautora de estafa. Al legislador le atribuyeron estafa (autor) y cobro indebido de honorarios (cómplice).
El 24 de abril 2014, los fiscales acusaron a Quintana y el 4 de julio a Bogado.
Los incidentes dilatorios ya comenzaron poco después de la imputación. (Ver facsímil). Sin embargo, pese a las chicanas promovidas ni los imputados ni sus defensores fueron sancionados por los jueces e incluso hasta ahora son favorecidos por la Corte, en donde está el expediente hace casi dos años y con eso se evita la realización de la audiencia preliminar, en la que se tiene que resolver si los acusados afrontan o no juicio oral.
Acción en la Corte
Los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Sindulfo Blanco, quienes integran la Sala Constitucional, ya no tienen excusas para seguir dilatando la resolución en la acción que promovió el senador colorado Víctor Bogado, el 30 de setiembre de 2016. Los integrantes de la Corte ya cuentan con los dictámenes del fiscal René Fernández y de la Fiscalía General, en los cuales se aconseja el rechazo de la inconstitucionalidad.
Bogado accionó contra una resolución del Tribunal de Apelación, por la cual el juez Óscar Delgado fue confirmado para atender el proceso.
En su dictamen en representación de la Fiscalía General, la fiscala adjunta María Teresa Aguirre señaló que Bogado no especificó el agravio que sufrió con la resolución que confirmó al magistrado Delgado.
Aguirre incluso señaló que los profesionales del derecho deben cumplir con las formalidades procesales de forma, para la habilitación de la instancia impugnativa extraordinaria y que la omisión, según el Código Procesal Civil y la Ley 609 que organiza la Corte, posibilita el rechazo “in limine”. Es decir, que los ministros no debieron admitir la acción que promovió el legislador.
Los ministros Antonio Fretes y Miryam Peña fueron los que votaron por la admisión de la inconstitucionalidad y la doctora Bareiro de Módica por el rechazo de la misma. Luego, Peña se apartó del caso y lo reemplazó Blanco.
El juez Delgado hace poco renunció al cargo y el proceso a Bogado quedará en manos de otro magistrado.
La fiscalía acusó a Bogado atendiendo que cuando era diputado mandó contratar a la niñera de sus hijas en Itaipú (con un salario de más de G. 8 millones) a sabiendas de que la misma era funcionaria de la Cámara Baja y que no iba a poder cumplir funciones en la binacional. Para arreglar esta situación solicitó el comisionamiento de Quintana a Diputados y de esta forma engañó a las autoridades de Itaipú. El perjuicio al Estado fue de G. 71 millones.
El otro acusado es Miguel Ángel Pérez.