Procurador ratifica que Paraguay no pagará la deuda de Gramont Berres

El procurador general de la República, Roberto Moreno Rodríguez, reiteró ayer el anuncio que realizó en octubre pasado cuando informó que el Estado paraguayo no pagará un dólar de la deuda “ilegal, espuria y odiosa” contraída por Gustavo Gramont Berres.

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Moreno Rodríguez informó ayer que el presidente Horacio Cartes conformó a través de un decreto de finales de diciembre pasado el equipo interinstitucional coordinado por la Procuraduría e integrado por el canciller nacional, Eladio Loizaga; representantes del Banco Central del Paraguay (BCP) y el asesor jurídico de la Presidencia, Sergio Godoy.

Ratificó ayer que la posición del Gobierno es firme y consiste en no reconocer la deuda contraída entre los años 1986 y 1987 por el “embajador especial” del dictador general Alfredo Stroessner, el argentino Gustavo Gramont Berres. El Estado paraguayo no reconoce la deuda que oscila entre 65 millones de euros y 180 millones de euros, según estimaciones oficiales.

El procurador manifestó, en declaraciones a radio Primero de Marzo, que el Ejecutivo se comunicó con el Gobierno italiano para iniciar un contacto “y hacer un acuerdo amistoso”. Indicó que si no prospera el diálogo diplomático, “después iremos a las acciones legales. Vamos a ir hasta el final, ni un dólar se va pagar, ni un peso. Estoy convencido de que la posición de Paraguay es muy sólida. Estoy convencido de que lo que hizo la justicia suiza es vergonzoso, es una deuda ilegal, espuria y odiosa”, subrayó.

Moreno Rodríguez indicó que la decisión del Gobierno es firme y es la de no reconocer un solo centavo de la deuda Gramont Berres. “Si tenemos que litigar, lo haremos con un equipo de primera; prefiero pagar al mejor abogado que pagar la deuda, y si es necesario, vamos a La Haya a pelear como gato panza arriba. Litigar en La Haya es jugar la Copa del Mundo y hay que estar preparados”, señaló.

El procurador informó que ha pedido un informe al BCP de a cuánto asciende el dinero que perdió Paraguay hasta la fecha a consecuencia del caso Gramont. Dijo que es una fortuna. Comentó que los fondos del Estado paraguayo están depositados en una cuenta en el BIS de Suiza y que son inembargables. “Lo malo es que pagan un interés casi cero. El caso Gramont Berres es una causa nacional, tenemos que morir”, aseveró.

Entre los años 1986 y 1987 la dictadura del general Stroessner nombró al argentino Gramont Berres como “embajador especial” en Ginebra (Suiza). Gramont falsificó documentos en complicidad con autoridades paraguayas de esa época y obtuvo dos préstamos internacionales con una falsa garantía.

SACE habría pagado

El banco Overland Trust, que prestó el dinero, vendió los títulos de la deuda a un sindicato de diez bancos (infografía), que demandaron al Paraguay y le ganaron en dos de las tres instancias.

Una empresa público-privada italiana, la Sezione Speciale Per L’assicurazione del Credito All’esportazione (SACE), aseguró la operación, señaló en su momento el procurador. Indicó que esta entidad les pagó a los bancos y esta firma de Italia es la principal acreedora.

En febrero de 1989 y al vencer el primer pagaré firmado por Gramont Berres, por la garantía que otorgó en nombre de la República del Paraguay, por los dos proyectos industriales de su propiedad, el Gobierno de Italia reclamó el pago de dicho pagaré, en representación de la SACE.

La Cancillería nacional, por nota del 20 de febrero de 1990, dirigida a su par de Italia, señaló que para el Paraguay dicho préstamo no comprometía al Estado porque su origen era estrictamente de carácter privado.

¿Por qué a La Haya?

Los bancos internacionales que reclaman la deuda le ganaron a Paraguay en los tribunales de Suiza. Entonces, dentro del territorio suizo, nuestro país ya no puede reclamar nada. El único camino jurisdiccional que le queda es litigar en los tribunales en La Haya, Holanda.

La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Está encargada de decidir conforme al Derecho Internacional las controversias de orden jurídico entre estados y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas que le son sometidas por órganos o instituciones especializadas de la ONU.

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