El juicio fue abierto por Rosswel Company SA y Kansol SA contra el Estado paraguayo y el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). En cinco meses, los procuradores lograron la autorización para cobrar más de 198 mil dólares, mientras los indígenas Sawhoyamaxa, del Chacho, en 12 años no logran tener tierras tituladas.
En agosto de 2017, los procuradores del Estado, Alfredo González, Vicente Rodríguez y Víctor Arriola solicitaron ante el Tribunal de Apelaciones Primera Sala una regulación de honorarios profesionales a partir de un incidente que habían ganado en el marco del proceso principal, de fijación de precios.
Para determinar sus honorarios, pidieron que se tuviera en cuenta el monto reclamado por las empresas en el juicio principal, que es de 39.611.000 dólares.
El 6 de diciembre de 2017, los jueces Óscar Paiva Valdovinos, Marcos Riera Hunter y Eusebio Melgarejo resolvieron regular los honorarios en 198.054 dólares más el 10% de IVA, de 19.805 dólares.
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El 14 de diciembre, la jueza del proceso principal, Julia Alonso, decretó el embargo preventivo sobre la cuenta judicial abierta para el pago por la expropiación a favor de Rosswel Company y Kansol. El 20 de diciembre ordenó depositar G. 1.107.121.860, además de G. 110.712.186 en concepto de IVA en otra cuenta abierta en el Banco Nacional de Fomento a favor de los procuradores. El abogado de las empresas, Alberto Grisetti Ruiz Díaz, apeló la resolución.
Mientras, el proceso principal está todavía en curso; el dinero que está en juego es del erario público y los indígenas que debían beneficiarse con la expropiación, no pueden aún titular sus tierras, al decir de su abogado convencional, José Paniagua.
El 29 de enero de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso la restitución territorial a favor de la comunidad Sawhoyamaxa, del pueblo Enxet, que reclamaba 14.404 hectáreas ubicadas en Presidente Hayes, Chaco, y que eran propiedad de las empresas Rosswell Company y Kansol SA. En junio de 2014 se aprobó la Ley 5194, que ordenó la expropiación y fijó la indemnización en G. 34.939.617.222. Disconformes con el monto, las empresas presentaron dos acciones de inconstitucionalidad, pero perdieron. Entonces plantearon el juicio de fijación de precios, a cargo de la jueza Julia Alonso. Este año, la magistrada resolvió que el Estado pague G. 55.498.746.740, o sea, más de 20.500 millones por encima de lo que se dispuso por Ley, agregando otros G. 4.000 millones como reserva para el pago de costas, a pedido de los procuradores. La resolución fue apelada.