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Según el legislador liberal, aproximadamente US$ 145 millones el Estado desembolsa anualmente en concepto de seguros médicos y subsidios de salud. Mientras que las empresas sanatoriales reciben un beneficio económico de US$ 109 millones por año, dinero que podría invertirse en la construcción de hospitales modernos, equipamientos y medicamentos.
Cuestiona que los grandes beneficiarios del dinero público sean las aseguradoras médicas. Buzarquis considera que se necesita de un seguro universal, tanto para el sector público como privado y las binacionales en igualdad de condiciones.
“Muchos paraguayos no tienen acceso a ningún seguro de salud, ni público, ni privado. Debemos pensar también en los 7.000.000 de compatriotas que hoy día no son incluidos en el sistema”, refirió.
El parlamentario calificó de inmoral que el propio Estado paraguayo (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), le diga a la ciudadanía que acudan a los hospitales públicos, pero sin embargo, ellos paguen millonarias sumas en seguro privado para sus funcionarios.
El diputado indicó que la propuesta reconoce el legítimo derecho de los funcionarios públicos, pero también el del otro sector de la ciudadanía. Añadió que no quieren generar perjuicios para nadie, sino generar un amplio debate sobre la polémica que genera que se utilice el dinero público para pagar el seguro médico del funcionariado público.
El proyecto
La norma establece como beneficiarios del sistema de salud del IPS a los funcionarios públicos y autoridades de los organismos y entidades del Estado, de la administración central, de las entidades descentralizadas, de entidades binacionales, empresas del Estado, de la administración central, de entidades descentralizadas y binacionales, empresas del Estado o mixtas.
Están igualmente cubiertos los maestros y catedráticos de enseñanza privada y pública.
Además se establece el seguro general voluntario para el trabajador independiente y para los afectados de regímenes especiales que serán reglamentados por el Consejo de Administración del Instituto.
Hacienda realizará las transferencias al Instituto de Previsión Social a los efectos de cubrir los gastos del seguro médico.
De aplicarse la ley, no afectará al sistema jubilatorio de los funcionarios públicos y autoridades de los organismos y entidades del Estado, de la administración central, de entidades descentralizadas, de entidades binacionales, empresas del Estado o mixtas; los mismos se mantendrán en sus respectivas cajas de jubilación.
La norma prohíbe que organismos y entidades del Estado y aquellas que se acojan al seguro del IPS contraten a empresas de seguros médicos y autoricen el pago del subsidio de salud a los funcionarios y autoridades.