Osorio sostiene que si bien la ley obliga a las ONGs a rendir cuentas, “esta obligación no se cumple; ni siquiera existen indicadores brindados por el ente rector de la ley, la Secretaría de la Función Pública, del cumplimiento por parte de dichos organismos privados”. Agrega que este incumplimiento se debe fundamentalmente a la falta de sanciones.

Para enmendar esa situación, Osorio propone que se incorpore al artículo 8 que los responsables de las ONGs que incumplan la norma “serán castigados con ciento ochenta días de multa”. La Secretaría de la Función Pública estableció que 180 días de multa equivalen a G. 12.628.073. El castigo será aplicado previo sumario administrativo y tendrá título ejecutivo “con carácter de privilegio especial a los fines de su cobro judicial”.