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La acusación contra Blanco, junto a la de Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo fue aprobada en la Cámara de Diputados en diciembre de 2014. Bajac ya se jubiló y los juicios a Garay y al contralor general Enrique García proseguirán el año próximo.
La acusación contra el ministro Blanco aprobada en Cámara de Diputados se refiere a fallos del mismo que irían en contra de la Constitución, por habilitar el ingreso al país de químicos peligrosos.
Igualmente, es acusado de haber perdido su honorabilidad al reconocer abiertamente que en la audiencia pública en el Senado mintió sobre el tema de la inamovilidad de los magistrados para lograr ser designado.
Otra acusación se refiere a la compraventa de tierras públicas: Compró 5.000 hectáreas del Estado y solo pagó una fracción. A través de un fallo en el caso Rufato, liberó a un peligroso asesino.
También se le cuestiona su ineficaz gestión como superintendente judicial en el departamento Alto Paraná, entre otras acusaciones.
Para aprobar la remoción del cargo se necesita mayoría absoluta de dos tercios (30 votos), según el artículo 225 de la Constitución.