La ampliación presupuestaria de G. 46.925 millones para el aumento de sueldos de funcionarios de la Fiscalía enfrenta a cartistas y opositores. Los 80 diputados nunca están todos presentes en sala a pesar de que solo acuden una vez a la semana para sesionar. Reciben un salario de G. 32 millones.
El líder de la bancada oficialista, Clemente Barrios, pidió la postergación del proyecto de ley bajo el argumento de que el incremento de salarios iba a tener un impacto presupuestario para el próximo año, atendiendo que iba a ser financiado con recursos del Tesoro.
La votación no prosperó y el cartismo, al no reunir los votos, decidió dejar sin quorum la reunión parlamentaria. Barrios ensayó la excusa de que sus colegas no le escuchaban mientras hacía uso de la palabra y que por ser una falta de respeto abandonaban la sala.
Tras constatarse que no existían el número suficiente para que prosiga la sesión, Barrios sonreía de su hazaña, mientras que funcionarios de la Fiscalía desde la platea de visitas repudiaban otra postergación de sus reclamos.
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El fiscal Javier Díaz Verón, ternado para su reelección, envió un proyecto de ley en el que solicita el aumento salarial del 10% para agentes fiscales y fiscales adjuntos, además de una adecuación salarial para médicos forenses, psicólogos y equiparación para funcionarios del área administrativa.
La comisión de Presupuesto aconsejó la aprobación con modificación del proyecto de ley, reduciendo considerablemente el monto solicitado de G. 46.925 millones a G. 8.608 millones.
Los diputados liberales fueron los más fervientes defensores del proyecto original. El diputado Víctor Ríos (PLRA) dijo que el Estado no puede ser miserable con sus servidores y dar un salario de hambre a sus funcionarios.
A su turno, el diputado Olimpio Rojas (PLRA) expresó que la ampliación es necesaria para incentivar al recurso humano del Ministerio Público.
El diputado Pablino Rodríguez (ANR, disidente) manifestó que era la oportunidad de “hacer justicia” con los funcionarios.
Un total de 25 proyectos de ley quedaron pendientes de tratamiento. Entre ellos la ley que flexibiliza la legítima defensa y ampliaciones presupuestarias.