Oviedo Matto anunció ayer, en conferencia de prensa, la remisión por el Ejecutivo del Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (Ushuaia II), tal como lo había solicitado el Senado en una resolución aprobada la semana pasada, impulsada por el senador colorado Hugo Estigarribia.

Sobre la posibilidad que el pleno trate “sobre tablas” el Protocolo en la sesión de la fecha, Oviedo Matto dijo que su postura es que se debería remitir a las comisiones “para darle un trato prudente” por los senadores que integran las comisiones de Relaciones Exteriores y de Legislación.

Apuntó que se debería evitar que se diga luego que se le dio un tratamiento poco serio y que actuaron con criterio “revanchista”. Apuntó que se podría tratar la próxima semana.

El legislador desestimó también que la anunciada expulsión de diplomáticos paraguayos por el Gobierno de Venezuela influya en el Senado, ya que la postura en contra del Protocolo de la mayoría de las bancadas era anterior a ese hecho, en caso que se concrete.

El Protocolo de Ushuaia II fue firmado en Montevideo, Uruguay, el 20 de diciembre de 2011, por los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

En su artículo 1, el Protocolo establece que será aplicado “en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.

Igual que el Protocolo de Unasur, el documento establece que en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden constitucional, demás países podrán establecer medidas como la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de la estructura institucional del Mercosur, el cierre total o parcial de las fronteras terrestres, la suspensión o limitación al comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía, servicios y suministros, entre otras varias medidas. El Protocolo le fue aplicado a Paraguay, en cuanto a la suspensión del derecho a participar en los órganos institucionales del Mercosur, debido al juicio político que culminó con la destitución de Fernando Lugo, que fue interpretado por los otros países del bloque como un quiebre democrático en nuestro país.