“Que renuncien si no quieren que se sepa lo que ganan”

–Su apellido materno, ¿es de qué origen? 

–Prusiano. Mi bisabuelo emigró de Europa, llegó y se instaló en el Paraguay vía Uruguay.

–Además de magistrada es docente. ¿Dónde enseña? 

–Sí. Soy docente de la carrera de Derecho de la UNA en el grado máximo. Soy profesora titular por concurso de méritos y aptitudes en la cátedra de Derechos Humanos, turno noche, primera sección. Estoy también como profesora adjunta por concurso de méritos en la cátedra de Derecho Constitucional, Nacional y Comparado. Soy par evaluadora de ANEAES (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior) 

–Llamó la atención su puntaje, de los más altos en la competencia para miembro de la Corte. 

–Sí. Realmente yo inicié con el puntaje en el cuarto lugar entre 44 postulantes. El Consejo de la Magistratura, conforme al reglamento interno de aplicación para este proceso de selección hizo la revisión de los puntajes. Allí pasé a ocupar el puesto primero, con 479 puntos, pero el Consejo volvió a dar una posibilidad a los concursantes para volver a revisar por segunda vez el puntaje y hacer sus impugnaciones. Eso fue el lunes pasado. A mí no me asignaron siete puntos que reclamé. Otros dos postulantes obtuvieron más puntos y pasé al tercer lugar con mis 479 puntos. Segundo quedó el concursante Eugenio Giménez y el colega Ramírez Candia primero.

–¿Está de acuerdo con las formas de este concurso? 

–Básicamente sí. En el reglamento interno, algunas precisiones que se pueden hacer, es que no se consideró la docencia en posgrado; tampoco se consideró ser egresado de la Escuela Judicial de la cual también soy egresada, primera promoción en el año 2001. No se consideraron otras maestrías porque lo que exigía el reglamento es una maestría en Derecho. Sin embargo, yo tengo una maestría como egresada del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, lo que era el Colegio Nacional de Guerra.

–El hecho de ser mujer le condicionó de alguna forma para presentarse? 

–De alguna forma sí porque, desde el punto de vista del ejercicio del Derecho, por más que seamos más mujeres siempre es más difícil. Condiciona de una u otra forma porque la mujer tiene menos acceso a la política, a la capacitación, porque realiza múltiples tareas dentro del ámbito familiar, responsabilidades que la mayoría de los hombres no tienen.

–¿Desde cuándo en la magistratura? 

–Desde que egresé. Hice carrera desde abajo. Fui defensora pública, jueza de justicia letrada. Me postulé para un tribunal de alzada. No fui seleccionada. Salí en forma natural. Ejercí un tiempo la profesión, luego fui como directora jurídica de la Dirección General de Migraciones. Seguidamente pasé a ocupar el cargo de directora jurídica de Aduanas por un período de casi cuatro años.

–¿En qué Gobierno? 

–Ingresé bajo el Gobierno del presidente Federico Franco bajo la administración de la doctora Rocío Vallejos y luego ella pasó como directora jurídica de Aduanas. Fui con ella. Quedé un tiempo hasta que asumió Nelson Valiente en el Gobierno del presidente Horacio Cartes. Quedé como directora hasta que asumí como miembro del Tribunal de Apelación, en noviembre de 2016.

–¿Existen los maletines para la corona como se dice? 

–Realmente yo puedo tomar eso como una leyenda urbana. Nunca tuve la constancia presencial. Tal vez existan, tal vez no, pero como abogada, yo me manejo con evidencias. Nunca me constó en forma personal de la existencia de tales maletines.

–¿Qué resultados consiguió? 

–Al menor atisbo de cualquier inconducta hemos procedido a hacer cambios. Posicionamos a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) desde el punto de vista jurídico. Imagínese, teníamos expedientes de miles de millones de dólares para la recuperación de créditos. No hemos perdido un solo amparo constitucional promovido contra la DNA. Hicimos recuperación de créditos, ejecución de pólizas que estaban paradas. Estuve desde enero de 2013 hasta noviembre de 2016. Puedo comentar como un logro mío una condena en materia de falta aduanera por contrabando ante la sala penal de la Corte, por unos 13.000 millones de guaraníes, algo que antes no se había conseguido. Estoy acostumbrada a seguirles a mis expedientes.

–¿Cuál es su opinión sobre el último fallo de la Corte que favorece al presidente Cartes para que jure como senador activo? 

–En ese sentido ya hay un fallo anterior de la Corte que favoreció al expresidente Nicanor Duarte Frutos. La Corte se rigió por el principio de legalidad. Hay que reconocer que hay lagunas dentro de la Constitución. No hay una prohibición expresa lo que conlleva a colegir definitivamente que se puede interpretar.

–El Congreso ya desautorizó y desobedeció el fallo que favoreció a Duarte Frutos. Ahora está por verse lo que pasará con Cartes.

–Esta es una cuestión de política partidaria, de política coyuntural donde ellos tienen la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

–¿Usted fallaría igual? 

–Tendría que sentarme a analizar. No podría responder en forma atrevida ahora. No existiendo una prohibición estricta dentro del texto constitucional, tendría que ponerme a pensar. Es una cuestión de interpretación. Hay pasajes en la Constitución donde se le deja mucha libertad al intérprete. Justamente cae en manos de los senadores de la República la aceptación o no de la renuncia del Presidente. Ellos son representantes del pueblo también y tienen capacidad de interpretar. Si leemos el artículo 238, el Presidente de la República también lo tiene.

–¿Hace falta una revolución para sacudir la estructura judicial? 

–No sé si una revolución, pero sí mucho compromiso institucional, mucho trabajo. Si yo llegara a esa máxima instancia, para mí lo primordial sería transparentar la gestión de los juzgados, la gestión de la alzada con una permanente auditoría de gestión. Hay que controlarle al magistrado en su quehacer, lo cual no significa una persecución. Yo soy una firme convencida de que el trabajo de la magistratura es por producto y por resultado. Lo más importante es que este magistrado produzca, resuelva, le dé una solución rápida a los problemas del justiciable. Muchas veces los funcionarios se ponen detrás de los armarios, no quieren atender. Es una cuestión también de respeto a la dignidad humana. Para mí es muy importante la transparencia en la gestión jurisdiccional. Así creo que va a ser posible la disminución de la mora judicial. Un magistrado de la Corte que vaya, que suba, que inspeccione, que visite las diferentes circunscripciones para ver cómo está la situación.

–¿Hay que hacer un pacto con los políticos? 

–No, no, yo estoy segura que no. Tener capacidad de trabajo, de hacer bien las cosas, no tiene por qué involucrar un pacto con la política partidaria. Hay que hacer bien las cosas. Eso significa cumplir los plazos, resolver en tiempo y en forma, conforme a lo que la ley diga, no importa lo que salga como resultado, le guste o no a la gente.

–Hubo mucha esperanza en cada renovación de los miembros de la Corte pero terminaron siendo más de lo mismo. Esa es la imagen. ¿Qué opina usted? 

–Creo que la presencia de una mujer en la Corte es sumamente necesaria. El espacio ganado por las mujeres, que son tres ahora de nueve ministros, yo particularmente creo que no debería perderse. Y sobre la imagen, esa es una cuestión netamente personal, que cada sujeto cuide su imagen profesional y su imagen personal sobre lo cual yo no podría expresar opinión alguna.

–Está de acuerdo con el Presidente electo de que la justicia es la pata renga de la democracia? 

–Yo confío en las palabras del Presidente electo de que está dispuesto a liderar un proceso de despolitización. Son cinco las vacancias en la máxima instancia jurisdiccional que van a significar una renovación generacional. Será importante para la vida institucional de esta República.

–¿Le parece revolucionario lo que decidieron unos jueces esta semana al ordenar a la Contraloría que entregue a un ciudadano (periodista) una copia de las declaraciones juradas de los que ocuparon cargos entre 1998 y 2017? 

–Si se refiere al fallo del juez penal de Garantías Rubén Riquelme, ratificado en apelación por los magistrados Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander con la disidencia del juez Gustavo Ocampos, me parece un fallo ajustado al derecho constitucional y al derecho internacional en lo relativo a los derechos humanos. Los funcionarios no deberían tener nada que esconder. La ciudadanía tiene derecho a saber a cabalidad su caudal de bienes. Si no quiere que se sepa, que se dedique a la función privada. Yo, ciudadana, tengo derecho a saber el caudal de bienes de senadores, diputados, jueces, ministros de Corte; cuánto tenían al ingresar y cuanto al salir de la función pública. Si al funcionario no le gusta, que se retire y vaya a la actividad privada, donde nadie le va a preguntar sobre sus ingresos.

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