Los legisladores sostienen que vivimos tiempos de apatía “donde la gente no ejerce su derecho al voto, donde, de acuerdo a los datos publicados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la participación en las elecciones presidenciales del 2008 fue del 65% y en las municipales del 2010 solo del 56%. Creemos que se debe buscar un mecanismo que estimule a los electores a concurrir a los lugares de votación y hacer efectivo el derecho, el deber y la función constitucional del sufragio”.
El proyecto presentado por los legisladores propone “crear la lotería cívica, que establece un sistema de premiación por sorteo, como incentivo a la concurrencia de los electores a los locales de votación para cumplir con su deber de sufragar el día de las elecciones”.
Para ello establece que en los años en los que se realicen elecciones nacionales o municipales, según sea el caso, se dispongan recursos del Tesoro a disposición del Tribunal Superior de Justicia Electoral a efectos de que sortee, entre los ciudadanos que hayan votado, “premios a ser determinados en la reglamentación que para cada proceso electoral el TSJE disponga”.
El día que se lleven a cabo los comicios, los miembros de la mesa de votos emitirán, juntamente con el certificado de votación, un cupón por cada elector. El TSJE instalará en cada local de votación una urna en la que los que hayan votado puedan depositar sus respectivos cupones.
Las urnas con los cupones de la lotería cívica serán enviadas a la Justicia Electoral, juntamente con las actas electorales, y dentro de los 30 días siguientes a la celebración del acto comicial el Tribunal procederá al sorteo, conforme a su reglamentación. La lista de ganadores se deberá publicar en dos diarios de gran circulación nacional, según la propuesta.
Constitución y ley obligan
La Constitución en el artículo 118 establece que el sufragio es “derecho, deber y función pública del elector. Constituye la base del régimen democrático y representativo”.
También el Código Electoral en el artículo 4 dispone que el sufragio es una “obligación para todos los ciudadanos” y su incumplimiento está sujeto a multas que van de G. 800.000 a G. 1.600.000.