El proyecto plantea dar asistencia médica integral, odontológicas, farmacéuticas, económicas, social y cultural para afiliados y sus grupos familiares.

Se crearán policlínicas, se organizarán proveedurías y cooperativas de créditos y viviendas, y se avalarán créditos de turismo. La comisión directiva estará representada por tres miembros del Poder Ejecutivo y dos afiliados.

Según los proyectistas, los recursos de ese instituto de asistencia social se formarán con un aporte de la administración estatal central igual al 4% de los haberes brutos de todos los funcionarios del Estado. El aporte sería deducido del aporte jubilatorio que se le descuenta al funcionario permanente, correspondiente al 12%.

La administración contable del instituto estaría a cargo de una comisión revisora de cuentas integrada por tres miembros designados por la comisión directiva, sin perjuicio de la auditoría externa que se disponga y la intervención de la Contraloría dentro del marco de sus facultades, señala el artículo 13 del proyecto de ley.

Todas las retenciones y aportes del Estado al instituto antes de su funcionamiento o prestación de servicios serían depositadas en las cuentas especiales que se abran para el efecto.

El proyecto de ley fue presentado por los diputados colorados Justo Zacarías Irún (cartista) y Freddy D’Ecclesiis (Añetete), y el liberal llanista Édgar Ortiz. En la exposición de motivos, el Sindicato Nacional de Empleados Estatales afirma que los funcionarios públicos, en general, carecen de toda cobertura de seguridad social. Cabe recordar que anualmente el Estado presupuesta y destina cifras millonarias para las coberturas de seguro médico privado únicamente para los nombrados.