El fallo de los camaristas Pedro Mayor, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander fue unánime al momento de confirmar la resolución dictada por el juez penal de Garantías Humberto Otazú el pasado 23 de enero, cuando rechazó el pedido de libertad del diputado Ulises Quintana.
Sin embargo, Pedro Mayor Martínez en un apartado de su voto señala que los hechos punibles imputados vinculados a la Ley 1340/88 (que reprime el tráfico de drogas) y atribuidos a Quintana, en carácter inicial de cómplice, sin embargo, no tendrían suficientes elementos para sostener razonablemente que es autor o partícipe de los mismos. A renglón seguido, el camarista dice que en virtud a la calificación no se pueden aplicar medidas alternativas al imputado, sin perjuicio de que durante la investigación surjan elementos que ameriten un incidente que requiera la aplicación de una medida cautelar.
Por su parte, los camaristas Santander y Ocampos votaron en sentido contrario al de su colega en el punto que se habla sobre la conexión entre Quintana y el grupo de narcotraficantes y apuntan que las grabaciones de llamadas entres el diputado y Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, están más que probados por todos los elementos que tienen los investigadores.
Hacen mención a la intervención que tuvo Quintana para la liberación de US$ 190.000 que policías incautaron del poder del secretario de Cucho.
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Todos estos “trámites” hechos por Quintana demuestran su participación activa en la estructura criminal.
Hay elementos de sospecha
El voto de los tres camaristas señala que los fundamentos de la defensa no son suficientes para lograr los efectos de desvirtuar un estado de sospecha basado en otros elementos que en su conjunto determinan la probable existencia de un hecho punible. También dicen que existe peligro de fuga atendiendo a que la expectativa de años de prisión en un caso de encontrarse culpable al procesado son muy elevados y de obstrucción. Por todo esto y atendiendo a que el imputado Ulises Quintana (ANR, Añetete) está imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, asociación criminal y tráfico de influencia, se ratifica la prisión para el diputado.