En su escrito, la agente del Ministerio Público rebate punto por punto los argumentos del abogado Álvaro Arias, quien habla de violación a la Constitución Nacional ya que en su artículo 190 se establecen los fueros de los senadores y diputados y expresa que no pueden ser arrestados. Sin embargo, la fiscala señala que al retirársele los fueros a Quintana el mismo ya puede ser sometido a la justicia como cualquier otra persona.
También se refiere a los supuestos hechos nuevos que la defensa del diputado de Añetete introdujo a la investigación y que señalan que el agente especial de la Senad Juan Manuel Jara, quien al dar su versión dijo que no tenía conocimiento que Ulises Quintana traficara drogas, la fiscala es clara y tajante en este aspecto y señala sobre la declaración del agente; “que se ha tomado de forma literal y se le atribuyó una valoración que no condice con la realidad. La participación de Ulises Quintana no se circunscribía a la realización directa del transporte de sustancias estupefacientes, sino que la conducta desplegada por el imputado era la de utilizar su investidura a fin de facilitar el tránsito de drogas, dinero, vehículos y brindar cobertura y protección a los miembros de la organización liderada por Reinaldo Javier Cabaña, así como mediador ante las autoridades para la obtención de algún beneficio irregular”.
Posteriormente, sigue argumentando la agente que el nexo entre el diputado Ulises Quintana y el presunto narcotraficante Reinaldo Cabaña, alias Cucho, quedó demostrado cuando el parlamentario medió el 28 de agosto pasado para recuperar US$ 190.000 que agentes policiales le requisaron a un secretario del narco en un retén policial, en la zona de Coronel Oviedo. Por todos estos argumentos, la agente Lorena Ledesma pide que se confirme la prisión del diputado.
El juez ratificó la prisión
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El miércoles 23 de enero pasado el diputado Ulises Quintana fue a una audiencia de revisión de la prisión ante el juez Humberto Otazú, quien rechazó el pedido y ratificó la prisión. A su salida de la diligencia y tras el revés que sufrió, el diputado colorado culpó de su caso a la fiscala general Sandra Quiñónez y al clan Zacarías Irún y anunció que iba a denunciar al magistrado Otazú. Sin embargo, lo único que presentó su defensa fue una apelación contra la medida, que ahora la fiscala Lorena Ledesma contestó.