Para las fiscalas Yolanda Portillo y Nadine Portillo no hay mérito para presentar acusación y solicitar juicio oral para el miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) Alberto Cástulo Ramírez Zambonini (69). Agregan que no existe constancia sobre la responsabilidad del imputado por “inducción a un subordinado a cometer hecho punible”, de que los planilleros habrían estado ligados a él como subordinados. No hay documentos firmados por Ramírez Zambonini que lo liguen con las personas que fueron procesadas por percibir salarios sin trabajar. El abogado defensor Carmelo Caballero manifestó que la Fiscalía actuó con objetividad.
Para Christian Raúl Bogado Caballero (42), imputado por “uso de certificado de mérito o servicio de contenido falso”, la Fiscalía solicitó sobreseimiento y argumentó la “duda”. El director de Recursos Humanos del TSJE había sido procesado por la declaración de la escribana Zully Jacqueline Ferreira, quien dijo que fue Bogado quien contrató su servicio, a pesar de estar impedida por ley por ser escribana en ejercicio.
Los acusados
El Ministerio Público acusó y solicitó juicio oral para Clara Haydée Silveira Arza (27) (esposa de Manuel Radice), quien fue nombrada en el TSJE el 28 de enero de 2013 para desempeñarse como “asesora”. Sin embargo, se ausentó de su trabajo 89 días pero igual percibió G. 5.755.500, más bonificaciones hasta llegar a G. 10.559.900. En su ausencia laboral se encontraba en el Club Centenario o viajando al exterior.
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Gloria María Paz Silveira Arza (20) fue contratada en el TSJE del 20 de octubre de 2014 al 1 de octubre de 2014, como Técnico I, pero no asistió a su lugar de trabajo en estos meses porque se encontraba cursando el tercer año de la media en el Colegio Santa Teresa de Jesús, en Asunción, con doble escolaridad. Percibió mensualmente G. 2.456.200, sin trabajar.
Ana Catalina Arza (58) (madre de Clara y Gloria) fue contratada a partir del 15 de abril de 2013 a octubre de 2015. Debía prestar servicio en el despacho de Ramírez Zambonini, pero no existen constancias de que haya firmado una sola asistencia. Su presencia laboral fue avalada irregularmente por María Isabel Quintana (supervisora de Recursos Humanos).
La escribana Zully Ferreira Cañete (51) fue contratada en el TSJE desde el 2011 hasta el 2015 y, pese la incompatibilidad de su profesión para ejercer simultáneamente un cargo público, percibió salario mensual de G. 6.000.000. Debía desempeñarse como “Asesora técnica en materia notarial y registral”. Las hermanas Silveira, Arza y Ferreira fueron acusadas por “cobro indebido de honorarios”.
Modesto Núñez (34), superintendente del TSJE, avaló falsamente la presencia laboral de Gloria Silveira.
Víctor Báez (36) (jefe de gabinete del despacho de Ramírez Zambonini) certificó planillas de asistencia de Luis López Benítez durante 18 días en el 2014 y 2015.
María Isabel Quintana Ríos (32) (supervisora de Recursos Humanos) avaló las asistencias de Clara Silveira, Ana Arza y Zully Ferreira.
Núñez, Báez y Quintana fueron acusados por “expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso”.
El abogado Manuel Radice Zárate (47) colaboró para que su esposa Clara Silveira perciba indebidamente remuneraciones del TSJE, por lo que fue acusado por complicidad del “cobro indebido de honorarios”.