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Recién luego de publicaciones periodísticas denunciando la manera en que el pliego de bases y condiciones impedía la libre participación de empresas interesadas, y ante una orden del Presidente de la República, el Consejo de Administración se echó atrás. El 3 de junio firmó la Resolución 24/2019, por la cual canceló todo el proceso licitatorio, y luego informó la intención de hacer un nuevo llamado dividiéndolo en dos lotes. Estas medidas se tomaron después de que el presidente del IPS, Armando Rodríguez, fuera llamado por el Presidente de la República a una reunión.
La reacción del Consejo de Administración fue tardía. Los representantes de los trabajadores, los empleadores, del Ministerio del Trabajo y todas las demás instancias involucradas en la administración del IPS nada dijeron de lo que ocurría.
La resolución para el llamado a licitación 23/19 fue aprobada por todos los miembros del consejo, excepto por el representante del empresariado, Miguel Ángel Doldán, y el consejero Edsel González, representante del Ministerio de Salud Pública.
Sin embargo, Doldán negó que la abstención suya y de González haya sido por la existencia de irregularidades en el pliego. Dijo que más bien decidieron no firmaron la resolución porque creían que faltaba información y para juntarla necesitaban más tiempo.
El representante de los trabajadores aportantes, Juan Torales, también aseguró en su momento: “Hicimos todo bien”. “Seguramente, el pecado que tuvimos fue juntar los lotes de seguridad física con el sistema de las cámaras y todo lo que es el sistema de monitoreo”, dijo.