El Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia al SMO, presidido por el defensor del pueblo Miguel Godoy, e integrado por representantes de otras instituciones, con la reglamentación mencionada, pretende multar con G. 400.000 a los jóvenes de 18 a 26 años que no hagan el SMO o no tengan el carné de objetor.
El pago será por única vez y no alcanzará a jóvenes insolventes, es decir, los que demuestren que sus ingresos no superan dos salarios mínimos.
Otras medidas punitivas a los jóvenes serán el impedimento a renovar carné de conducir, pasaporte y acceder a cargos públicos.
El Serpaj sostiene que el ejercicio de una garantía constitucional, como la objeción de conciencia al SMO por cuestiones religiosas o morales, no puede obstaculizar el ejercicio de otros derechos, también garantizados por la Carta Magna, como el de libre acceso al trabajo lícitamente escogido, libertad de circulación, viajar fuera del país y obtención de documentos personales.
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Enfatiza que la garantía de la objeción en el marco constitucional “no conlleva efectos jurídicos gravosos a modo de punición contra el ciudadano que decide no prestar el servicio militar”.