Rivas pretendió zafar el proceso por el uso de recursos públicos para pagar a sus tres caseros, con la presentación de un incidente de nulidad contra la comunicación a la Cámara de Diputados para el desafuero y la propia admisión de la imputación.
A su vez, Reinaldo Chaparro Penayo (quien sería chofer de Rivas), Lucio Romero Caballero (secretario privado) y Nery Antonio Franco González (otro chofer), plantearon la nulidad de la imputación, por supuesta falta de mérito.
Ahora, el expediente será elevado a la Cámara de Apelación, para el estudio de la apelación correspondiente.
El parlamentario y sus empleados fueron imputados por el fiscal Luis Piñánez, quien constató que los caseros del diputado cobraban sueldo como funcionarios de la Cámara de Diputados.
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“En el caso particular de autos, no se justifica la pretensión del recurrente, en razón de que a criterio de esta magistratura, el acta de imputación presentada por el representante del Ministerio Público se halla ajustada a derecho, la misma cumple con los requisitos previstos en el artículo 302 del CPP. Es decir, se ha identificado correctamente al representado del recurrente, se ha descripto los hechos que se le imputan, asimismo, se han solicitado el tiempo estimado para la presentación del requerimiento conclusivo correspondiente, por lo que en ese sentido se debe proseguir el curso normal del procedimiento”, indicó Riquelme.