Ayer, la Unidad de Delitos Económicos notificó a Kattya González y Esther Roa, representantes de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), que cuentan con la cantidad suficiente de funcionarios para continuar “eficazmente” la investigación abierta al fiscal con permiso Javier Díaz Verón. Rechazó la colaboración que plantearon las gremialistas, alegando que la pesquisa se encuentra en una “etapa avanzada”. Sin embargo, ni terminaron de recabar informes.

Según la citada notificación, los fiscales que le investigan al jefe con permiso, José Dos Santos y Yolanda Portillo, están en plena etapa de recolección de datos y que, “en caso de necesidad se tendrá en cuenta el ofrecimiento para lo sucesivo”.

La Coapy denunció por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias a Díaz Verón en octubre del 2017. La causa estuvo cajoneada casi tres meses y el escándalo de los audios que salpicó al fiscal general presionó para que la Unidad de Delitos Económicos abriera la investigación.

El responsable de la pesquisa era hasta hace unos días Federico Espinoza, primo del denunciado, quien fue apartado del cargo luego de que se conociera sus vinculaciones familiares y políticas con el capo del Ministerio Público. 

González y Roa pidieron participación en la pesquisa con base en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que contempla en su título quinto que se podrá aceptar la colaboración voluntaria de personas u organizaciones que demuestren interés en participar en investigaciones de interés colectivo. La solicitud fue denegada y el caso se maneja con reserva.

Díaz Verón junto a su esposa María Selva Morínigo fueron denunciados luego de que se conociera que la mujer es accionista en sociedades anónimas de G. 2.000 millones y G. 2.500 millones. Declaró jugosos ahorros, miles de cabeza de ganado en épocas de funcionaria pública y mantiene una estancia de 8.000 hectáreas junto a una familia llena de demandas por deudas.

Díaz Verón cuenta con acciones en sociedad anónima, ganado por G. 1.000 millones, etc.