Este 11 de mayo último un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) denunció al Gobierno de Paraguay por no cumplir con su responsabilidad de actuar con la debida diligencia en el caso de una niña de 10 años que quedó embarazada tras ser presuntamente violada por su padrastro, a la que no se permitió abortar, según un cable de la agencia EFE procedente de Ginebra.

Ante esto la Cancillería nacional reaccionó con un comunicado que refiere que el “grupo de expertos independientes de la ONU actúa a título personal y” opinaron “sin haber mediado solicitud alguna de información previa al Estado, sobre la responsabilidad del Gobierno paraguayo”.

Indica que “las autoridades nacionales, al conocer el hecho dieron intervención inmediata a los organismos competentes”. Agrega que la menor embarazada se encuentra bajo estricto cuidado médico y con apoyo psicológico en el Hospital Materno Infantil “Reina Sofía”. Según la Cancillería “el Estado es consciente de la delicada situación de la menor, teniendo en cuenta su edad, que implica riesgos mayores, por lo que se han extremado los cuidados mediante la conformación de una Junta Médica multidisciplinaria”.

En cuanto a la investigación judicial, señala el Ministerio Público dispuso inmediatamente la detención y apresamiento del padrastro, sospechoso de cometer el delito, actualmente se halla a disposición de la justicia.