El miércoles, en conferencia de prensa, el contralor general José Enrique García denunció que 35 casos de supuestos hechos de corrupción perpetrados entre 2016 y 2018 en municipios, gobernaciones y otros entes públicos, en los que se causó un perjuicio global de unos G. 45.912 millones, no estaban siendo investigados por el Ministerio Público.

Favole aclaró que solamente 3 casos, que afectan a los municipios de Jesús y Trinidad y Caraguatay, así como a la Industria Nacional del Cemento (INC), fueron devueltos a la Contraloría para que indique cuáles eran los puntos de corrupción.

En otro momento, Favole aclaró que mientras siga García como contralor y como jefe de auditores Édgar Ramón Cáceres, no permitirán que la Contraloría audite las cuentas del Ministerio Público. 

Resulta que García tiene una imputación por producción de documentos no auténticos en el caso Ivesur, y está además investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, por lo que tiene interés en perjudicar la imagen del Ministerio Público, a través de la auditoría, refieren. 

En el caso de Cáceres, está acusado por estafa, apropiación y lesión de confianza, en perjuicio de la misma Contraloría por un daño patrimonial de G. 2.000 millones y espera juicio oral.