“La ley se cumple o no se cumple”, manifestó ayer la ministra Bogado, al ser consultada por nuestro diario por los números que reveló un monitoreo de la institución del incumplimiento de la Ley 5189/2014 “Que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”, que llevó a cabo con base en la publicación de datos correspondientes al mes de julio de este año.

Los resultados del monitoreo se clasifican en tres niveles: De 100% de “Cumplimiento”, “De Cumplimiento Intermedio” y “De No Cumplimiento”.

Bogado señaló que la información que no se cumple, como dispone la Ley 5189/2014, la institución en falta será sancionada.

De acuerdo a datos de la STF, a julio de este año 319 entidades públicas cumplieron a medias la ley y solo 88 a cabalidad.

La normativa que permitía a la ciudadanía enterarse de cómo se gasta el dinero público, fue eludida por completo en junio de este año por la Justicia Electoral y nueve municipalidades.

De acuerdo a la ley, los titulares de las entidades públicas que la violen deben ser castigados con multas de G. 14 millones, que deben ser depositados en el Banco Nacional de Fomento a nombre del Tesoro Público.

“Nos encontramos con esto en la institución, el problema es que no abonan la multa. Esto se arrastra desde la administración anterior”, expresó Bogado.

La ministra refirió que la Secretaría de la Función Pública recurrió a la Procuraduría General de la República, a cargo del abogado Sergio Coscia, con el objetivo de buscar los mecanismos legales para que las entidades incumplidoras de la ley paguen las multas.

La normativa señala que todos los organismos y entidades del Estado tienen que actualizar mensualmente la información requerida, hasta quince días hábiles del mes inmediatamente posterior.

Conforme dispone la Ley 5189/2014, entre otros datos, la información debe contener la nómina de los funcionarios, de los contratados y de quienes ocupan cargos electivos, con las remuneraciones correspondientes, el presupuesto, los detalles de viajes nacionales e internacionales financiados con dinero público y el listado de comisionados a otras entidades.