31 de Mayo de 2014

| MIENTRAS DOS CLANES SE DISPUTAN SUPREMACÍA, EL CRIMEN ORGANIZADO SE ENSEÑOREA EN AMAMBAY

Región dominada por delincuentes

El departamento de Amambay, especialmente Pedro Juan Caballero, se convirtió en tierra de nadie. Los homicidios entre narcos rivales y aquellos que osan criticarlos nunca llegan a esclarecerse e incluso se mezclan con una “guerra” entre poderosos políticos de un mismo partido. La zona es manejada por los llamados “clan Acevedo” y “clan González”, que se acusan mutuamente de narcos y mafiosos.

Es innegable que Pedro Juan Caballero, por su situación de frontera seca con el Brasil, ha atraído a miembros de bandas brasileñas dedicadas al narcotráfico que huyen de la justicia brasileña. Encontraron en la capital de Amambay y otros distritos de la región, como Capitán Bado, el lugar perfecto desde donde operar por la cercanía con el Brasil, de cuyo territorio apenas está separado por la línea internacional.

Los delincuentes dedicados al narcotráfico con su poder económico compran protección policial, judicial y hasta de políticos. Con eso transformaron a la región en una de las más cotizadas para diversas bandas y la más peligrosa para la población honesta.

“Guerra” política

En medio de esa floreciente carrera delincuencial surge una disputa por el control político en el departamento; por un lado está Pedro González, actual gobernador del Amambay, y por el otro están los hermanos Roberto (senador) y José Carlos Acevedo (intendente). Estos políticos, a pesar de pertenecer a un mismo partido, desde hace varios años, vienen peleando por la supremacía y para lograrlo no escatiman adjetivos para descalificarse mutuamente.

Actualmente la familia Acevedo tiene a tres de sus miembros en cargos importantes en la conducción política del departamento de Amambay. Además del senador Roberto Acevedo, su hermano José Carlos Acevedo es el actual intendente municipal de Pedro Juan Caballero, capital departamental, mientras la esposa del legislador, Zulma Icazatti de Acevedo, ocupa una banca de concejal de la Junta Municipal pedrojuanina por el PLRA.

El gobernador de Amambay, Pedro González, prepara a su hermano mayor, Abel González, para el cargo de jefe comunal de Pedro Juan Caballero para las próximas elecciones.

El actual senador Roberto Acevedo ya aseguró que también pugnará por el cargo de intendente. Si gana, reemplazará a su hermano José Carlos Acevedo.

Esta situación hace suponer que en los próximos años se endurecerá la rivalidad entre las dos familias liberales, que impusieron un sistema feudal en la región.

Las acusaciones entre ambos clanes van desde la relación con exponentes de la mafia del narcotráfico hasta de autores morales de asesinatos de periodistas en esta parte del país. Las acusaciones de alto voltaje entre los dos políticos liberales parecen no tener fin.

El senador Acevedo acusa al gobernador Pedro González de estar involucrado con exponentes de la mafia fronteriza. Incluso presentó una fotografía de González participando junto a varios concejales municipales de un almuerzo con Jarvis Ximenes Pavão.

Muertes

Por otro lado, los detractores de Acevedo lo acusaron de estar involucrado en el asesinato del político colorado y radialista Julio “Capelú” Benítez, quien fue asesinado en el patio de su vivienda el 7 de diciembre del año 2006, horas después de haber llegado de la capital del país. La víctima había viajado a Asunción para realizar graves denuncias contra el actual senador Acevedo.

El 24 de abril del año 2013 fue asesinado el periodista Carlos Artaza y de inmediato se produjo una dura disputa entre los Acevedo y los González. Se acusaron mutuamente de estar detrás del crimen.

En aquella ocasión Acevedo fue acusado de estar detrás del asesinato de Artaza. Sin embargo, el legislador negó e incluso dijo que ni conocía al comunicador. Indicó que las insinuaciones de su participación en el crimen eran una irresponsabilidad y que tenían como objetivo desviar la atención sobre los responsables del crimen.

El 16 de mayo de este año fue abatido a tiros el radialista Fausto Gabriel Alcaraz, locutor de radio Amambay, propiedad de la familia Acevedo. Este crimen nuevamente sirvió para que el clan Acevedo apunte sus acusaciones al grupo de González.

Tras el asesinato salió a relucir que una de las últimas denuncias que Alcaraz ventiló en la radio fue la presencia del concejal César Quevedo (PLRA) y del gobernador Pedro González en una comisaría de Pedro Juan Caballero el 18 de octubre de 2013. Según la denuncia, fueron a presionar a los efectivos de la Policía Nacional para liberar a un supuesto narco, que efectivamente fue liberado según un acta policial de la época.

Tanto González como Acevedo poseen estaciones de radio y las utilizan sistemáticamente para defenderse y atacar a sus detractores, generando un ambiente hostil en la frontera.

El senador Acevedo es conocido por lanzar graves denuncias contra sus adversarios políticos, policías, fiscales y jueces que no responden a sus intereses y periodistas que no se prestan a sus juegos.

Lo más llamativo de todo esto es que el Gobierno central, el Poder Judicial y el Ministerio Público no reaccionan ante tanta criminalidad; ningún fiscal asumió la responsabilidad de investigar las graves acusaciones entre ambos clanes. Es más, los alevosos crímenes con sello del narcotráfico no son esclarecidos, lo que convierte a la región en zona liberada.

Solo denuncias radiales

El senador Roberto Acevedo (PLRA) esta semana denunció a través de diversas radioemisoras que el aeropuerto está siendo utilizado como base de operaciones por narcotraficantes que operan en la frontera. “El dominio de los narcos en la zona es tal que el aeropuerto de Pedro Juan Caballero, administrado por el Estado, sirve de base para 23 avionetas que trasladan 40.000 kilos pasta base de cocaína”, sostuvo. Indicó además que los narcos habían construido dos hangares pegados a la estación aérea para facilitar el tráfico de drogas. El senador Acevedo preside la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, pero no pidió ninguna diligencia formal a través de esta comisión a la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ni al Ministerio Público.

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