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El diputado Rejala figuraba hasta el 2013 como representante legal de la empresa proveedora de servicio de rastreo satelital y vigilancia Grupo Tres SRL, según el portal de contrataciones públicas.
Tras consultas al diputado, Rejala mencionó que era propietario de varias empresas de ese rubro y que algunas de ellas maneja su esposa y otras las vendió, para dedicarse a su función de legislador.
Negó que tenga algún interés particular en el proyecto de ley. Argumentó que nunca tuvo el servicio de vídeo cámaras y mucho menos corporal, pero reconoció que sí tenían el servicio de vídeos para vehículos, que sí plantea el proyecto de ley.
La norma propone que los funcionarios de la Policía, Fiscalía y Aduana que actúen en cumplimiento de sus facultades legales y en investigación de hechos punibles o infracciones administrativas en procedimientos consistentes en inspecciones, allanamientos, registros y secuestros de lugares, personas o bienes utilicen las videocámaras.
Establecen que el funcionario en el momento de iniciar un procedimiento, tendrá la obligación de tener la videocámara corporal encendida y la apagará una vez que concluya.
El Estado financiará la compra de los equipos portátiles. Asimismo, los vehículos que sean utilizados para procedimientos también contarán con vídeos fijos en los rodados.