Ayer la jornada judicial concluyó ya entrada la noche, luego de que la defensa de Sosa plantee su absolución con el argumento de que no tuvo participación alguna en el envío de fondos de Cajubi al exterior y que ya no fueron recuperados.
Este procesado fue consejero de la Caja de Jubilados de Itaipú hasta el 2008, tiempo en el cual se remesaron unos US$ 57 millones al “inversionista” guatemalteco nacionalizado canadiense Eduardo García Obregón. La defensa recalcó que Sosa no tenía ningún poder de decisión, que no firmó documento alguno y que tampoco avaló el envío de los referidos fondos.
Previamente, los fiscales Victoria Acuña y Aldo Cantero pidieron ocho años de cárcel para Sosa, por el delito de lesión de confianza.
“Él participó de las sesiones en las que se dictaron en actas extraordinarias, las decisiones de invertir”, dijo la fiscala Acuña.
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El Ministerio Público sostiene que Sosa estaba al tanto del desvío de los fondos.
Igual postura asumió Rafael Fernández, abogado de la querella adhesiva.
El jurista querellante refiere que Sosa firmó dos declaraciones juradas, en los años 2012 y 2013, que fueron enviadas a la justicia de Canadá. De este país se intenta extraditar al Paraguay a García Obregón.
El juicio se reanudará el próximo jueves 15, oportunidad en que el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Olga Ruiz, Víctor Medina y Lourdes Peña, escuchará al acusado Sosa.
El reo está internado en una sala común del Sanatorio San Roque y ayer sus representantes legales pidieron por nota al Tribunal que se constituya en ese hospital para escucharle.
En este caso, los expresidentes de la Cajubi Víctor Bogado Núñez y Mariano Escurra Vicésar recibieron condenas de 14 años de prisión. De los 12 condenados en primera instancia, 9 exdirectivos se encuentran en la penitenciaría de Tacumbú, cumpliendo sus sentencias.
Esta condena fue ratificada en segunda instancia. En el juicio oral se probó un perjuicio de US$ 48 millones, perpetrado a través de las “inversiones de alto rendimiento” en el extranjero.