Respaldan publicidad de declaraciones juradas

El gobierno electo de Mario Abdo Benítez respalda la publicación de las declaraciones juradas de bienes de las autoridades del Estado, afirmó ayer el vocero Juan Ernesto Villamayor. El contralor recurrió a la Corte para no divulgar los datos y los ministros hicieron lugar al pedido.

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“La gestión del Estado tiene que ser pública”, es la postura del gobierno electo de Mario Abdo Benítez, indicó Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior designado, quien fue abordado sobre cuál era la posición en torno a la publicación de las declaraciones juradas de bienes de las autoridades estatales.

“Yo no tengo problemas”, indicó Villamayor mostrándose abierto a que sus datos sean divulgados.

“Cómo me criticarías a mí o me investigarías a mí, si yo me enriquecí ilegalmente si no tenés el parámetro, sin perjuicio de que siempre existe el prestanombres, es una tontería lo que estoy diciendo, pero el parámetro tiene que existir”, alegó.

Dicho vocero del gobierno que asumirá las riendas del Paraguay desde el 15 de agosto, dejó en claro que defienden la publicidad de los hechos vinculados a la administración pública, siempre y cuando no sean informaciones referentes al área de seguridad, de lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y Defensa Nacional.

Contralor pone trabas

Por otro lado, el contralor general de la República, Enrique García, dijo en varias oportunidades públicamente que estaba a favor de la divulgación de las declaraciones juradas, pero sus dichos no se condicen con su actuación, ya que no quiso acatar los fallos en su contra de sentencias de primera y segunda instancias que obligan al ente a hacer públicas las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República de los últimos 20 años.

Es por esta razón que accionó ante la Corte Suprema de Justicia con la excusa de que no quiere tener “problemas con la ley”.

Corte estudiará

El pasado jueves 19 de julio, los ministros de la Sala Constitucional: Antonio Fretes (presidente de la Sala), Miryam Peña y Gladys Bareiro admitieron la acción, lo que significa que se tomarán el tiempo para estudiar el fondo de la cuestión, cuando bien podrían haber optado por el rechazo in limine de la acción, permitiendo así transparentar los bienes de los funcionarios públicos.

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