La iniciativa legislativa que tuvo sanción ficta el pasado 2 de junio fue propuesta por el diputado Óscar Tuma (ANR).

La normativa, de ser promulgada por el Poder Ejecutivo, castiga a toda persona que revende entradas a un precio superior a lo establecido en las boletas o tickets emitidos por los organizadores del evento. Se establecen multas de cinco (G. 9.120.275) a quince (G. 27.360.825) salarios mínimos legales, además de la confiscación de las entradas.

También prevé tres años de pena privativa de libertad para los revendedores u organizadores que tengan un pacto ilícito que afecte a terceros.

Pedirán el veto

Marcos Jara, de la Asociación de Vendedores y Afines, anunció que pidieron una audiencia con el presidente Horacio Cartes para solicitarle que vete la ley.

Criticó al proyectista por no darles oportunidad para realizar modificaciones de la iniciativa. “El diputado (Óscar) Tuma presentó el proyecto y no nos dio chances de defendernos. Es una persecución de grupos económicos encargados de la venta de entradas. Creo que ellos quieren monopolizar el tema de las ventas de las entradas. Nosotros pedimos modificar el proyecto para que nos permitan adquirir las entradas con 10% de descuento para que podamos vender al precio normal de venta”, agregó Jara.

Por su parte, el diputado Tuma declaró que la normativa solucionará un problema que afecta a todo tipo de espectáculos en el país. “La reventa de entradas, que constituye una serie de estafa, dejará de existir. Las entradas tienen que venderse al costo establecido”, explicó.

Señaló que el negocio no es de los revendedores, sino que “es un negocio de los propios organizadores que destinan cierta cantidad de boletas para obtener en negro un dinero a costilla de los espectadores interesados en los shows”.