Rodolfo Friedmann deja de ser gobernador, dice TSJE

El Tribunal Superior de Justicia Electoral, presidido por Jaime Bestard (ANR, cartista), anuló ayer la medida cautelar que repuso en la Gobernación de Guairá a Rodolfo Friedmann (ANR, disidente). Queda firme la aceptación de su renuncia y el concejal Óscar Chávez (ANR, cartista) asumiría el cargo. Friedmann está atrincherado en su oficina.

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La resolución con la que Friedmann vuelve a ser destituido de la Gobernación guaireña fue firmada por Bestard y los magistrados Myriam Concepción Cristaldo y Hermes Medina Oviedo, del Tribunal Capital de Segunda Sala y del Tribunal Electoral de Amambay, respectivamente.

Se declara así la nulidad de la medida cautelar dictada por juez electoral de Guairá y Caazapá, Cenen Luis Casco Oviedo, que suspendía la aceptación de la polémica “renuncia” de Friedmann, así como la designación de edil Óscar Chávez (ANR) como nuevo gobernador, por parte de la Junta Departamental de Guairá.

El vocero técnico de la Justicia Electoral, Luis Alberto Mauro, aclaró que, aunque los representantes legales de Friedmann hayan presentado en la víspera un pedido de aclaratoria al TSJE, no se modifica el fondo de la cuestión.

Por su parte, Friedmann –atrincherado en su oficina– denunció ayer que el senador Gustavo “Pipo” Alfonso (ANR, cartista) estaba detrás de su destitución. Igualmente, calificó de golpista al concejal Chávez, quien a su vez anunció que juraría como nuevo gobernador en breve.

“Vamos a resistir siempre ante el atropello. Respeten la voluntad popular. Respeten a la gente”, señaló.

La crisis institucional en Guairá se instaló el 3 de marzo último cuando la Junta Departamental aprobó una carta renuncia del gobernador, quien se encontraba de luna de miel en el extranjero con su flamante esposa, la exmodelo Marly Figueredo.

El afectado culpó al presidente Horacio Cartes y al senador Alfonso de buscar destituirlo por su acercamiento al líder de la disidencia, el senador Mario Abdo Benítez (ANR). Aseguró que el documento era falso, pero recientemente la Fiscalía concluyó que la firma en la renuncia corresponde en puño y letra al ejecutivo departamental.

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