El proyecto en cuestión es acerca de servicios administrativos y otros servicios de apoyo, es decir, el Ministerio de Salud cedió al PNUD para que a través de su Oficina de Servicios para Proyectos (UNOPS) se encargue de las compras de vehículos, medicamentos e insumos.
Al disponer la ministra la utilización de rubros de muebles y enseres para otro fin, ha cometido una irregularidad tipificada en la Ley 1535, “De Administración Financiera del Estado”, como “malversación” de fondos.
El Ministerio de Salud, a través de Esperanza Martínez, firmó en representación del Gobierno un acuerdo por US$ 28.030.011 con el PNUD, representado por Lorenzo Jiménez de Luis.
Sin embargo, este proyecto no forma parte del presupuesto de la cartera de Estado. Es decir, no tiene presupuesto, por lo que se viola la Ley de Administración Financiera, que en su artículo 21 señala que “solo se podrán contraer obligaciones con cargo a saldos disponibles de asignación presupuestaria”.
Incluso, la ministra firmó adendas del acuerdo y comprometió recursos del Estado al 31 de diciembre de 2013, por lo que nuevamente se viola la normativa mencionada que dice en su artículo 7: “En la ley de presupuesto no se incluirá ninguna disposición que tenga vigencia fuera del ejercicio fiscal vigente...”.
A esto se suma que la cartera de Estado ya ha transferido al PNUD fondos por valor de US$ 13 millones, sin recibir a cambio hasta la fecha bienes y servicios. Este monto ha salido del presupuesto general del ministerio, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, bajo la figura de contrataciones excluidas.
Esta transferencia también se ha realizado en forma irregular, ya que viola nuevamente la Ley 1535, que en su artículo 22 inc. B señala que “... el cumplimiento de las obligaciones financieras será simultáneo a la incorporación de bienes y servicios”.
Todos los pagos realizados por el Ministerio de Salud contra la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2011 tuvieron que conllevar la incorporación de bienes y servicios. Los recursos no utilizados por el PNUD a través de la UNOPS al cierre de dicho ejercicio fiscal, deberían ser devueltos a la cuenta de origen o recaudación del Ministerio de Hacienda a más tardar el 15 de marzo de 2012.
El titular de Contrataciones, Eduardo De Gásperi, había señalado que el acuerdo firmado por la ministra, además de violar innumerables disposiciones legales en perjuicio del Estado, deja al descubierto una pérdida de soberanía al delegar en un organismo internacional la administración de sus propios recursos, transfiriendo de esa manera funciones propias de dicha cartera de Estado.
Pero, a criterio de Martínez, no se ha cometido ninguna irregularidad con la transferencia de recursos al organismo, ya que invoca la Ley 686/77, “que aprueba y ratifica el acuerdo sobre asistencia técnica entre la República del Paraguay y el PNUD”. Sin embargo, la ley no fue creada para gerenciar proyectos financiados con fondos locales.