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08 de Marzo de 2018

 

Sanción es política, dice fiscala

La fiscala Raquel Fernández, enjuiciada y suspendida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por negarse a solicitar los extractos de llamadas, entrantes y salientes que mantuvo el excomandante de la Policía Nacional Críspulo Sotelo con autoridades del gobierno, tras el crimen de Rodrigo Quintana ocurrido el 31 de marzo del año pasado, aseguró que su sanción es de orden político, no jurídico.

Fernández explicó que consideró que no era necesario solicitar los extractos de llamadas a las telefonías celulares porque ya contaba desde las primeras semanas del homicio con el informe de las personas que se comunicaron con Sotelo, así como la ubicación de estas personas. “Tengo la ubicación de Sotelo, de Horacio Cartes, y de todas las personas que le llamaron al excomandante así como los datos de las personas a quienes llamó Sotelo, el día de los sucesos del año pasado”, indicó.

Fernández, quien ya no estaba en la causa del homicidio de Quintana, sostuvo que ya contaba con los informes de las llamadas que recibió el suboficial Gustavo Adolfo Florentín, procesado por el crimen. “Me hubiese llamado la atención si algún jefe policial le hubiese llamado a Florentín, pero esto no ocurrió”, indicó.

Agregó que no tiene aspiraciones políticas y que obró según sus conocimientos jurídicos. “No tengo miedo de la suspensión y de las medidas que puedan venir. Sabía que este caso tendría consecuencias políticas, pero mi postura de negarme al pedido de la extracción de llamadas fue jurídica. Todo esto se debió a las aspiraciones políticas del abogado Guillermo Duarte”, indicó finalmente.

 
 

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