En su sesión ordinaria de ayer, la Cámara Baja aceptó las modificaciones del Senado y remitió la ley que obliga a las empresas de telefonía celular a realizar el bloqueo de los aparatos robados, hurtados o extraviados.
Según la normativa, el bloqueo se realizará previa denuncia policial acreditada, de parte del propietario de la línea ante la proveedora del servicio al cual está suscripto. Igualmente, estará obligada a hacer el bloqueo independientemente de que el aparato haya sido adquirido de la misma empresa u otras casas comerciales.
Si el equipo no fue adquirido en la empresa proveedora del servicio, el usuario deberá registrar en la misma el IMEI del teléfono, a los efectos de su bloqueo, en caso de denuncia.
Se establece asimismo que la autoridad de aplicación de esta ley será la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). La misma coordinará con instituciones públicas y privadas los procedimientos pertinentes.
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En otro punto, la ley señala que la Conatel deberá articular los mecanismos técnicos y tecnológicos necesarios para incorporar al registro nacional de aparatos celulares bloqueados a la base de datos regional. Con esto, se buscará evitar la comercialización de equipos celulares bloqueados en otros países, dentro del territorio nacional.
Igualmente, la Conatel deberá tener un portal de internet disponible al público para consultas al registro de aparatos celulares bloqueados.
La Conatel determinará en un reglamento las sanciones que correspondan por el incumplimiento de la ley.
El proyecto fue presentado originalmente por el diputado liberal Édgar Acosta. El diputado colorado Dany Durand, presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, destacó que se espera que esta norma sea eficaz para desalentar el robo de los celulares que afecta a muchas personas actualmente.