Con la no apelación del fallo condenatorio por parte de un tribunal arbitral, se concretó el despojo a la comuna de Asunción.
Varias instancias del Poder Judicial confirmaron que el exasesor jurídico Enrique García no apeló la sentencia y de esta forma dejó el camino allanado, para que la Municipalidad pague los 3,6 millones de dólares a Ivesur, como indemnización.
Sin embargo, la Comuna insiste en blanquear a García. Para ello, presentó una denuncia ante fiscalía para la apertura de una investigación e insiste que se apeló el fallo condenatorio.
El intendente Mario Ferreiro (AP) presentó la denuncia contra persona innominada por la comisión de los supuestos delitos de “destrucción o daño a documentos y señales”, que pudieron haberse cometido en la apelación de la condena por la que un tribunal arbitral ordenó a la Municipalidad de Asunción a pagar G. 18.975.014.366 (US$ 3,6 millones) por supuesto incumplimiento de contrato.
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En su escrito, bajo patrocinio del abogado Osvaldo Granada, insiste en que la se apeló el fallo.
Ferreiro pide que se realice la pericia caligráfica de los funcionarios asignados a la Primera Sala de la Cámara de Apelaciones (secretarios, asistentes, mesa de entrada, auxiliares, relatores, asistentes de camaristas); y también pidió investigar a los funcionarios de la Comuna que tuvieron participación.
También solicita pericia de los sellos que se encuentran insertos en el escrito de acuse si corresponde al mismo utilizado en la Cámara.
Ferreiro pone en duda los informes, tanto de la Coordinación de Mesa de Entrada de la Cámara de Apelaciones como del Tribunal, Primera Sala, que coincidieron en señalar que no se apeló.
Sin embargo, en el caso se dieron una serie de indicios que fortalecen las sospechas de un feroz negociado.
Entre los elementos se pueden mencionar el acuerdo de García para que aumenten los honorarios de los abogados que representaron a Iversur en la demanda; el desconocimiento de la acordada de la Corte, que establece dónde se tiene que presentar la apelación de fallos de tribunales arbitrales; la producción y el uso de documentos públicos de contenido falso y el intento de soborno a funcionarios judiciales para antedatar la fecha de presentación de la apelación de la sentencia condenatoria, etc.
La empresa Ivesur planteó dos demandas a la Municipalidad: la primera, porque la cantidad de vehículos habilitados por la Comuna no coincidía con el número de inspecciones realizadas, haciendo referencia a una “caja paralela”; y la segunda, porque todos los vehículos que ingresan al ejido capitalino, incluso los que no tienen patentes de la capital, deben tener hecha la ITV.
Aumento de honorarios
El abogado Enrique García se allanó al pedido de aumento de honorarios que solicitaron los abogados de Ivesur, Juan Ernesto Villamayor y Sergio Coscia. Los mismos presentaron fallos de la Corte referentes a acciones de inconstitucionalidad para sostener que el tribunal arbitral tenía que elevar sus honorarios profesionales.
Llamativamente, García manifestó su acuerdo para el aumento de los honorarios. El exasesor jurídico tenía que oponerse, atendiendo que las acciones de inconstitucionalidad tienen efecto para cada caso concreto. Es decir, Villamayor y Coscia tenían que conseguir primero un fallo de la Corte para luego beneficiarse con el aumento de honorarios. Ahora van a cobrar G. 2.656.502.011 y G. 1.328.251.006, respectivamente.
Desconocieron acordada
La Acordada 593 del año 2009, dictada por la Corte, creó la Mesa de Entrada de los Tribunales de Apelación y del Tribunal de Cuentas de Asunción, en donde se tienen que presentar las apelaciones para segunda instancia y también de los fallos de los tribunales arbitrales.
Sospechosamente, la asesoría jurídica de la Comuna de Asunción afirma que presentó la apelación del fallo a favor de Ivesur en la secretaría del Tribunal de Apelación en lo Civil, Primera Sala, cuya actuaria Viviana Cabrera informó que tampoco la Municipalidad presentó un escrito.
En su denuncia ante la fiscalía la Comuna dice que un funcionario inferior presentó la apelación. Se fortalecen las sospechosas cuando un tema tan importante no ejecutó el propio director jurídico.
Documento falso
Para intentar justificar la apelación del fallo arbitral, la Comuna utilizó un documento público de contenido falso. El mismo consiste en un papel en el que constan el sello del Tribunal de Apelación, Primera Sala, y un garabato que supuestamente es la firma de la actuaria de dicha sala, que negó categóricamente que eso sea de su puño y letra.
El documento público de contenido falso fue usado por el exasesor jurídico Enrique García para solicitar al Tribunal de Apelación, Quinta Sala, que acumule la apelación del fallo con la nulidad que solicitaron los abogados Juan Ernesto Villamayor y Sergio Coscia (en la Quinta Sala), para lograr aumento de honorarios por el Tribunal Arbitral.
Se cometieron dos hechos punibles, producción y uso de documento público de contenido falso.
Intento de soborno
La jefa de la Mesa de Entrada de los Tribunales de Apelación y Cuentas, abogada Martha Machuca, denunció que dos funcionarios de la dependencia a su cargo le comunicaron que les ofrecieron G. 20 millones para antedatar la fecha de la apelación del fallo del tribunal arbitral.
Los nombres de los involucrados se podrán conocer en el sumario que tiene que instruir la Corte Suprema y en la investigación penal que debería abrir el Ministerio Público.
Machuca había afirmado en declaraciones a nuestro diario que los funcionarios a su cargo pueden identificar a las personas que ofrecieron la suma de dinero, al tiempo de resaltar la honestidad de los empleados del Poder Judicial, que siempre genera la desconfianza de la ciudadanía.