Se observa poco avance en pesquisas contra políticos

Uno de los procesos más sonados es el que involucra al clan Zacarías Irún, en el que están siendo investigados por el Ministerio Público el senador colorado cartista Javier Zacarías Irún, su esposa Sandra McLeod (intendenta de Ciudad del Este) y el diputado colorado cartista Justo Zacarías Irún. Las pesquisas comenzaron en setiembre último, bajo el cargo de supuesto enriquecimiento ilícito.

Se habla de que el mencionado senador, quien también fue intendente de Ciudad del Este, posee bienes que no puede justificar con sus ingresos, como varias casas en dicha comunidad, lujosos departamentos en el Brasil y hasta un avión.

El viceministro de Tributación, Fabián Domínguez, adelantó que en una auditoría encontraron varias inconsistencias en relación a los bienes de Javier Zacarías Irún.

Agregó que en el relevamiento preliminar encontraron inconsistencias no solo de los bienes particulares del citado legislador cartista, sino también de los de su familia, socios y empresas relacionadas con él. 

El viceministro aseguró que cuando concluya el trabajo de análisis de los patrimonios y de las declaraciones juradas, la documentación será llevada a la Fiscalía General del Estado. Esto seguirá complicando la situación judicial del clan Zacarías, el cual ya recusó a varios fiscales designados para la pesquisa. Con todos esos datos sería inminente la imputación, según juristas.

Otro político que está en un apuro judicial es Miguel Cuevas, de Colorado Añetete, actual presidente de la Cámara de Diputados, quien está denunciado por una supuesta malversación de G. 1.200 millones en concepto de combustibles durante el 2016, cuando era gobernador del departamento de Paraguarí (2013-2017). 

Dicho caso está en etapa investigativa y tras la feria judicial se podría movilizar el expediente, que está a cargo de la fiscala Josefina Aghemo.

Por su parte, el senador llanista Dionisio Amarilla es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. La denuncia al respecto fue presentada el 25 de julio último y todavía no hay resultados. La fiscalía no imputó ni rechazó la inculpación, que señala que el parlamentario era funcionario de la Universidad Nacional de Asunción y tiene una residencia valuada como mínimo en unos US$ 300.000 más una casa quinta en Ñemby valuada en más de G. 1.500 millones, así como una camioneta Land Cruiser adquirida por G. 706 millones poco después de culminar su campaña para el Senado, en la que habría gastado G. 1.800 millones, según estimó una ONG.

La Fiscalía había solicitado a la Contraloría General de la República la correspondencia de bienes del parlamentario Amarilla, pero la encargada de enviar ese informe es Analy Valiente, esposa del denunciado y quien hasta el momento no remitió el documento a la fiscalía.

Hay otros casos más que no avanzaron en el 2018 y se espera que la justicia, tras la feria judicial, sea más rápida y se tengan más resultados de los que hubo en el año anterior.