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El proyecto de ley modifica y amplía los artículos 336 y 345 de la Ley N° 242/04, del Código Aduanero (contrabando).
La norma busca criminalizar el contrabando de productos frutihortícolas en defensa de los productos nacionales, además de establecer penas carcelarias para funcionarios que estén involucrados en el delito de acción penal pública.
El delito de contrabando será sancionado con una pena privativa de libertad de hasta cinco años con multa. En caso de que el contrabando se tratara de ingreso al territorio nacional de productos de origen animal o vegetal en estado natural, el hecho será considerado crimen y sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco a diez años.
El texto plantea que en los casos de contrabando de menor cuantía, si el valor FOB (libre a bordo) de las mercaderías fuese inferior a US$ 500, se aplicará el comiso de la misma quedando exonerado el infractor de la responsabilidad penal.
En tanto que para quienes ingresen de manera ilegal productos de origen animal o vegetal en estado natural a territorio paraguayo, sin importar si el monto de lo ingresado es inferior a los US$ 500, se aplicará la pena privativa de libertad para los mismos y para el que obrando como funcionario participe por acción u omisión en cualquier tipo de contrabando, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 10 años.
La ratificación se dio a pesar del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que aconsejó aceptar el rechazo del Senado teniendo en cuenta la crisis penitenciaria por la superpoblación existente. Entre risas, el diputado Colym Soroka (ANR, Añetete), principal promotor de la norma, dijo que eso no debía preocupar porque con el gobierno de Mario Abdo Benítez se iban a construir tres cárceles más.